Fiscalía advierte que seis leyes del Congreso amenazan autonomía judicial y lucha contra el crimen
Parlamento aprueba decretos que limitan labor de fiscales y jueces en Perú.

Fiscalía advierte que seis leyes del Congreso amenazan autonomía judicial y lucha contra el crimen
El Ministerio Público expresó su preocupación por la promulgación de seis leyes recientemente aprobadas por el Congreso de la República, que, según la institución, afectan gravemente la autonomía del sistema judicial y dificultan la persecución del delito en el Perú.
La Fiscalía considera que estas normativas, que abarcan desde la detención preliminar hasta la colaboración eficaz, representan un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de los derechos ciudadanos.
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Estas son algunas leyes observadas por Fiscalía
Entre las leyes más controvertidas se encuentra la 32181, que restringe la detención preliminar o prisión preventiva para efectivos policiales que utilicen su arma de fuego, incluso en casos de lesiones o muertes.
Según la Fiscalía, esta norma limita la capacidad de los fiscales para actuar en investigaciones delicadas y va en contra del principio de igualdad ante la ley.
Además, la Ley 32182, que impone sanciones a fiscales y jueces por no seguir determinadas directrices, amenaza con intimidar al sistema judicial y vulnerar la independencia de los operadores de justicia, advirtió el Ministerio Público.
Otras de las leyes que la Fiscalía critica incluyen la 32107 sobre crímenes de lesa humanidad, que limita la capacidad del Ministerio Público frente a violaciones de derechos humanos previas a 2002, y la Ley 31990 de colaboración eficaz, que establece plazos muy cortos para la verificación de información importante para la investigación de delitos complejos.
Igualmente, la Ley 32108 sobre crimen organizado complica las investigaciones al exigir la presencia de un abogado durante allanamientos, lo que, según la Fiscalía, reduce la agilidad de las intervenciones.
La Fiscalía también mostró su preocupación por la Ley 31751, que reduce los plazos de prescripción de los delitos, dificultando la persecución de crímenes graves, y por la Ley 32107, que impacta negativamente el trabajo del Ministerio Público en casos de crímenes de lesa humanidad.
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