Fiscalía allana casa de Guillermo Bermejo: todo sobre la nueva investigación contra el congresista

Por caso 'Los Operadores de la Reconstrucción'.


Autoridades de la Fiscalía y la Policía ejecutan este jueves un allanamiento en la vivienda del congresista de izquierda, Guillermo Bermejo, en el distrito limeño de Surco.

Las diligencias se llevan a cabo en el marco de la investigación de la presunta organización criminal ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, que condicionaba a los alcaldes del norte la entrega del presupuesto para obras, a cambio de un porcentaje del monto.

A la llegada de los representantes del MP y de la PNP, el parlamentario se encontraba en su inmueble. El despliegue incluye la incautación de bienes y documentos en la oficina del investigado, en Lima. A Guillermo Bermejo se le imputa el delito de tráfico de influencias, en agravio del Estado.

Allanamiento a vivienda de Guillermo Bermejo
Hace un mes, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, emprendió un megaoperativo en cinco regiones del país: Lima, Piura, San Martín, Áncash y Huánuco; permitiendo la detención de dos personas cercanas al congresista, acusados de integrar la organización delincuencial.

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En ese momento se allanaron 49 inmuebles ante una amenaza contra la integridad de instituciones. El foco de la operación era sobre ‘Los operadores de la Reconstrucción’, red criminal infiltrada en los entresijos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Los tentáculos de esta banda habrían extendido su influencia mediante maniobras fraudulentas y colusión agravada. La investigación apunta hacia la desviación de fondos y el otorgamiento irregular de contratos a empresas supuestamente ganadoras, todo orquestado en connivencia con funcionarios corruptos.

Bermejo y los detalles de la investigación

Según la tesis del Ministerio Público, se condicionaba el otorgamiento de presupuesto a alcaldes a cambio de percibir un porcentaje de la obras que se iban a ejecutar. El dinero luego habría sido utilizado para que el exmandatario Pedro Castillo pueda pagar a los abogados que lo defendían de las múltiples investigaciones en su contra.

Aquel despliegue fue respaldado por una resolución judicial emitida el 14 de agosto por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, presidido por Leodan Cristóbal Ayala. La resolución autorizó la detención preliminar de los implicados por un lapso de diez días y el allanamiento de 33 viviendas y 16 domicilios fiscales.

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