Fiscalía investiga a congresistas Heidy Juárez y María Cordero
Podrían ser condenadas a pena privativa de la libertad de hasta ocho años.
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La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista Heidy Juárez, así como a su colega María del Pilar Cordero Jon Tay, como presuntas autoras del delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares que habrían realizado a los trabajadores de sus respectivos despachos.
En el caso de Juárez, la investigación también alcanza a Miguel Ángel Chafloque Domínguez, asesor principal de la citada parlamentaria, como presunto cómplice del delito de concusión.
Ayer se presentó una denuncia constitucional en contra de la congresista Juárez, de Podemos Perú, que fue presentada por el abogado José Benel Alvarado Rojas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), por el presunto delito de concusión. La parlamentaria es acusada de haber realizado cobros indebidos a extrabajadores de su despacho.
La denuncia interpuesta en contra de la legisladora sucede luego que en marzo una investigación periodística recogiera el testimonio de cuatro extrabajadores, quienes señalaron que la congresista les habría recortado parte de su remuneración para ser entregada a ella a través de su asesor, Miguel Chafloque Domínguez.
De acuerdo con el sustento expuesto en la denuncia de Alvarado Rojas, la congresista habría incurrido en la infracción del artículo 382 del Código Penal al haber presuntamente abusado de su cargo para inducir a otra persona “a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial”.
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Según los denunciantes, Miguel Chafloque les hacía cobros entre S/ 200 y S/ 1,000 soles de manera mensual, los cuales iban dirigidos para aparentemente cubrir sus gastos.
Por su parte, la también exministra de la Mujer negó los hechos que se le imputan y aseguró que no estaba al tanto de esos cobros.
cordero Jon Tay
A María del Pilar Cordero Jon Tay también se le sindica como autora del delito de concusión. En este caso, la investigación también incluye a Braden Alexander Paredes Calla, técnico de archivos del Congreso de la República, como presunto cómplice del delito de concusión.
De ser encontradas culpables ambas parlamentarias, podrían ser inhabilitadas de sus funciones en el Poder Legislativo y recibir una pena privativa de la libertad no menor a dos años ni mayor a ocho años.
Por Wilber Torres
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