Fiscalía investiga a testaferros por filtraciones en Sucamec
Chofer y mototaxista compraron US$ 200 mil en armas que 'se perdieron'.
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Luego de que la congresista Roselli Amuruz pidiera acción a la Fiscalía, respecto a un chofer de combi y un motociclista que habían comprado casi 200 mil dólares en armas, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) explicó que esto ya es investigado.
Se identificó a los presuntos testaferros como Aljemiro Sobrano Meza y Rudy Fernández. En conversación con EXPRESO, el gerente de Armas, Ronald Rejas, explicó que esto había sido detectado en marzo por su Mesa de Control y Estadística.
“Nos sorprendió con 45 armas. Automáticamente, el 19 de marzo activamos el tema con la Gerencia de Control y Fiscalización, que fue a su casa y no lo encontró. El Departamento de Tráfico de Armas y Explosivos entrevistó a la familia, y al parecer se había dado a la fuga. A la semana se acerca a la Comisaría de Punta Hermosa y pone una denuncia donde dice que le había agarrado el huaico, lo cual parecía excusa boba e irracional”, precisó el funcionario respecto al primer caso.
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Añadió que esto pasó a la Diviac, y se abrió una carpeta fiscal. Se descubrió que la secretaria de una casa comercial de venta de armas le había dado dinero, y se le cortó la autorización.
Rejas sostuvo que esto se debe a que la Ley de Armas permite que alguien con licencia de caza o deporte, compre ilimitadamente estos productos. En ese sentido, consideró que la legisladora de Avanza País había sido sorprendida con información a medias, por lo cual el Poder Ejecutivo planea modificar esta norma con facultades delegadas.
Mientras tanto, las mafias de la minería y la tala ilegal siguen asolando Madres de Dios y Tumbes, pese a que en octubre de 2022 la Sucamec firmó convenio con el gobierno de la región amazónica, cuando era dirigida por Alberto Balladares –quien había denunciado que personas allegadas a Pedro Castillo querían “capacitación”– este no se ejecuta.
A esto se suma que el gobierno de Estados Unidos prohibió la venta de armas y municiones de uso civil al Perú.
En las investigaciones por el asesinato del ahora fallecido excandidato presidencial del Ecuador, Fernando Villavicencio, se encontró a los sicarios una carabina calibre 223 con registro de nuestro país. El arma habría llegado por contrabando a la nación vecina.
Por César Rojas
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