Fiscalía otorga concesiones a Marcelo Odebrecht para que declare en caso Ollanta
Fiscales del Caso Lava Jato suscriben acta plagada de favorecimientos.
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El Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía: Rafael Vela y José Domingo Pérez, y la procuradora ad hoc Silvana Carrión, presionados por la suspensión del Acuerdo de Cooperación Judicial (ACJ) negociaron el miércoles 14 y jueves 15 de diciembre en Lima con representantes de la empresa Odebrecht (ahora Novonor), una adenda plagada de concesiones a este acuerdo con el fin de conseguir que el exCEO de la empresa, Marcelo Odebrecht, participe en el juicio oral contra “Ollanta Humala por lavado de activos” para que ratifique su versión de haberle entregado la suma de US$ 3 millones para la campaña electoral del 2011 por orden del presidente Lula da Silva como donación del Partido de los Trabajadores de Brasil.
Inicialmente, la declaración de Marcelo Odebrecht debió realizarse hace dos meses (7/11/22); sin embargo, la empresa brasileña movió sus poderosos hilos alentada por la victoria electoral de Lula, para que la Procuraduría General del Brasil suspenda el ACJ, argumentando que los fiscales peruanos venían atropellando sus derechos.
La revista Memoria Nº 38 de la PUCP 7/12/22 señala que el primer punto álgido es la participación de la Fiscalía en el arbitraje que ha planteado Odebrecht contra el Perú ante el CIADI (Tribunal de Arbitraje en Washington) por US$ 1,200 millones contra el Perú por haber cancelado la concesión del caso del Gasoducto Sur Peruano, reclamo al que se han sumado sus socios: la española Enagas por US$ 550 millones (490 millones) y Aenza (ex Graña y Montero) por S/1,000 millones, lo que significaría una pérdida de US$ 2,000 millones para el Estado peruano, y segundo, que la Procuraduría Ad Hoc los ha incorporado como tercero civilmente responsable en el caso Rutas de Lima que implica a la exalcaldesa Susana Villarán con sentencia del Poder Judicial.
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La negociación de la vergüenza
Con la firma de la nueva adenda, queda claro que la empresa Odebrecht sale ganando, porque ha condicionado la participación de Marcelo Odebrecht y otros ejecutivos para que ratifiquen sus acusaciones en los juicios orales que se inician en el 2023, a cambio de que el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría Ad Hoc se queden con los brazos cruzados, como se expresa claramente en los términos del acta que han suscrito a mediados de diciembre (recuadro La Adenda de la Vergüenza).
En dicha acta, se cancela la responsabilidad penal de los ejecutivos de Odebrecht de otros casos, porque señala: «que no existen investigaciones o procesos vinculados a Odebrecht fuera de los alcances de la sentencia de colaboración eficaz».
No obstante, llama la atención la exclusión penal de los ejecutivos de Odebrecht en el caso Gasoducto Sur Peruano (GSP) que investiga la fiscal Geovanna Mori. En aras de santificar por el Poder Judicial la colaboración eficaz, la fiscalía acordó solo considerar cuatro obras el 15 de febrero de 2019: Interoceánica Sur, Vía Expresa Cusco, Costa Verde y Tren Eléctrico.
Este acuerdo contaba con ilustres defensores: «Hay que defender el acuerdo que se va a firmar, la empresa ha hecho reformas a profundidad, no queda ninguno de la familia… y ahora tienes una compañía mucho más honesta y rehabilitada» (Gustavo Gorriti de IDL Canal N 3/1/19).
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