Hania Pérez de Cuéllar: Fiscalía inicia investigación contra titular de Vivienda por enriquecimiento ilícito
En relación con designación presuntamente irregular de Jonatan Jorge Ríos Morales, director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
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La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, tendrá que rendir cuentas con la justicia tras comunicarse que la Fiscalía inició diligencias previas en su contra.
Medida se inició por la contratación presumiblemente irregular de Jonatan Jorge Ríos Morales como director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), perteneciente a Minvivienda.
Según indicó el dominical Punto Final, la Contraloría General de la República encontró irregularidades en el reclutamiento de Ríos, quien no contaría con la experiencia necesaria ni los requisitos necesarios para ejercer la función.
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Debido a lo expuesto, el funcionario fue removido del puesto el pasado viernes 5 de enero, luego de un año en el cargo.
La información periodística destacó que para asumir el cargo de director ejecutivo se requirió originalmente una experiencia de 10 años en el sector público en roles relacionados, además de contar con títulos universitarios y estudios de postgrado o especialización.
No obstante, el 6 de enero, un día después de la destitución de Jonatan Ríos Morales, el Ministerio de Vivienda emitió una resolución que modificó los requisitos mínimos para dicho cargo, presentando un perfil supuestamente adaptado al funcionario.
En la nueva normativa, se especificó, por ejemplo, que para ser director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) solo se necesita un título universitario o un grado académico de bachiller, así como seis años mínimos de experiencia general en el sector público o privado.
Cuatro días después de estas alteraciones, el 10 de enero, Jonatan Ríos Morales, ingeniero pesquero de profesión, fue nuevamente designado como director ejecutivo del PNSU.
En el mencionado informe, el abogado Cristhian Castillo señaló que este suceso podría incurrir en el delito de colusión agravada.
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