Jaime de Althaus: “Domingo Pérez debe ser retirado del Ministerio Público”
Periodista advierte que fiscal dirige casos de “persecución política”, lo que es inaceptable en una democracia.
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La situación del señor Ricardo Briceño ha despertado las alarmas. Él es perseguido ideológicamente por Domingo Pérez, a pesar de que no tiene nada que ver con el caso Cócteles, y se le imputa el delito de lavado de activos.
Todos esos juicios vinculados a donaciones de campaña fueron, en realidad, una forma de persecución política. El caso de Briceño es extremo porque, además de la persecución política, se suma el ataque ideológico a un representante del empresariado nacional, es decir, del capitalismo nacional en buena cuenta.
Al símbolo del capitalismo...
Efectivamente, esto le ayuda a él a completar sus hipótesis acerca de un contubernio entre sectores políticos y el gran empresariado para explotar el país. Es una concepción completamente ideológica que ha tenido unas consecuencias terribles para el país. El haber perseguido a políticos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Lourdes Flores, Alan García, etc., ha logrado destruir o debilitar parte importante de la clase política. Keiko Fujimori, por ejemplo, luego de haber estado tres veces en prisión, inicia su carrera electoral en el 2020 con 2 % de intención de voto, a pesar de que en la elección anterior estuvo a punto de ganar. La imagen de Keiko Fujimori fue estigmatizada como corrupta por haber estado presa por algo que no era delito en su momento. Haber recibido donaciones de campaña era una falta administrativa, porque no se declararon en su momento esos montos, pero no era delito ni configuraba lavado de activos. A Alan García, incluso, lo llevaron al suicidio. Y en el 2021 ganó una persona absolutamente improbable como Pedro Castillo, lo cual fue el puntillazo final del proceso de degradación en el que entró el país desde 2016.
El Equipo Especial Lava Jato considera a los partidos políticos como organizaciones criminales.
Esa es otra barbaridad, que fue señalada por un jurista como Luis Pásara, quien viene de las filas de la izquierda. Él denunció que los fiscales de Lava Jato estaban haciendo política y criminalizando a los partidos políticos. En una democracia, no se puede criminalizar a los partidos políticos; solo las dictaduras criminalizan a los partidos políticos. La mentalidad de José Domingo Pérez y de todo ese equipo es propia del socialismo del siglo XXI. Es una mentalidad autoritaria, dictatorial y antidemocrática.
Pásara también cuestionó las prisiones preventivas, a las que consideró como puros fuegos artificiales. ¿Qué se ha conseguido con eso?
Simplemente encerrar a gente inocente. Él dijo que eran muy abusivas, que los fiscales se extralimitaban con las prisiones preventivas y que era una manera de condenar con anticipación, afectando el principio de presunción de inocencia. Esa fue la manera de destruir la imagen de los políticos. El daño que ha ocasionado este Equipo Especial Lava Jato a la democracia peruana y al Perú en general es inconmensurable.
¿Pérez y Vela, entonces, deben salir de la Fiscalía?
Yo creo que sí, claro que sí. En el caso de Pérez, además, tiene una investigación por enriquecimiento ilícito, que no sé por qué no le dan luz verde para pasar a la etapa preparatoria. Pero, más allá de eso, ellos tienen que salir porque han llevado a cabo procesos de persecución política, no de persecución judicial, y eso no es aceptable en una democracia. Además, ellos jugaron en pared con Vizcarra, que también empezó a desarrollar un populismo político, confrontando al Congreso, hasta que lo disolvió inconstitucionalmente. Fue una especie de ataque en tenaza.
Además, el mismo Pérez quería irse, porque postuló a ser juez, pero reprobó el examen.
Así es. Él debería, en primer lugar, retirar la acusación contra Briceño y, en general, sobreseerse todo el caso, porque ha sido un caso de persecución política. Este señor Pérez debe ser retirado del Ministerio Público y se tiene que nombrar a un fiscal serio, porque una democracia no es compatible con un juicio político.
Cuando Pedro Chávarry saca a Pérez y Vela del Equipo Especial Lava Jato, Vizcarra regresó, de inmediato, de Brasil y no participó en la juramentación de Bolsonaro.
Su gran prioridad era esa, porque ellos jugaban en pared. La esposa de Pérez fue nombrada en un puesto importante en el Ministerio de Economía, y también Pérez había sido fiscal en Moquegua cuando Vizcarra había sido gobernador de dicha región. Había relaciones entre ellos.
Jaime Villanueva ha develado que Gustavo Gorriti es quien maneja, en realidad, las investigaciones del caso Lava Jato.
Gustavo Gorriti ha ejercido una influencia muy grande desde la época de Hamilton Castro, al punto de que Castro se inhibió de seguir reuniéndose con Gorriti, porque notó que quería dominar y controlar la investigación. Todas las declaraciones de Jaime Villanueva señalan eso: las reuniones que había en la casa de Gorriti con Domingo Pérez y el hecho de que él orientaba las investigaciones. Era como el director técnico de las investigaciones. Como él tenía la información de Brasil, alimentaba a los fiscales. Ahora, también es importante señalar que Odebrecht ha sido fatal para el Perú porque ha corrompido a gobernantes, como en el caso de Toledo, que es clarísimo, pero una cosa es haber recibido sobornos, que sí es delito, y otra muy distinta es recibir donaciones de campaña, que no es delito.
El delito es haber recibido coimas a cambio de proyectos.
Sí, ese es el delito: sobornar a funcionarios.
PERSECUCIÓN POLÍTICA
El periodista asegura que Pérez lidera casos de “persecución política” y pide su salida del Ministerio Público por su impacto negativo en la democracia peruana.
Jaime de Althaus denuncia que Ricardo Briceño es víctima de una persecución política e ideológica por parte del equipo de fiscales del caso Lava Jato.
La criminalización de partidos y figuras políticas, según Jaime de Althaus, ha debilitado a la clase política y favoreció la llegada de Pedro Castillo al poder en 2021.
Señala que Gustavo Gorriti habría tenido un rol clave en dirigir las investigaciones del caso Lava Jato, influyendo sobre los fiscales y controlando el rumbo de las pesquisas.
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