Junta Nacional de Justicia protege a Zoraida Ávalos ante denuncia
Acusación constitucional por blindar al expresidente Castillo. Pleno del Congreso podría inhabilitarla por cinco años.
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Sin duda alguna, el comunicado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) demuestra una evidente intromisión en las facultades exclusivas y excluyentes del Congreso, que tiene en su poder la acusación constitucional en contra de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Recordemos que el Pleno del Legislativo tiene pendiente votar el informe que recomienda acusar constitucionalmente a Ávalos por el delito de presunta infracción constitucional y su inhabilitación por cinco años en el ejercicio de la función pública, a causa de su inacción frente a los actos de corrupción en los que habría incurrido el exmandatario Pedro Castillo.
A través de un comunicado, la JNJ pidió que el Parlamento “reflexione” en torno a la acusación constitucional contra Zoraida Ávalos, dado que “las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”.
Agregó que la “judicialización de la política y la politización de la justicia son fenómenos contemporáneos que laceran las instituciones y socavan la convivencia social y ciudadana”.
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“La justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones. Ninguna conciencia democrática y republicana debería permanecer indiferente ante los desafíos que estas circunstancias suponen”, advirtió el organismo.
“La JNJ no acude en defensa de una persona. Este órgano constitucional autónomo defiende garantías universales propias de la función judicial y fiscal, que lo son al mismo tiempo de la estabilidad de nuestras instituciones y de nuestra propia democracia”, sentencian.
La fiscal Zoraida Ávalos deberá presentarse en el Congreso mañana para ejercer su derecho a la defensa en torno a las denuncias constitucionales 209 y 231 (acumuladas). El documento recomienda acusarla por presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución, y solicita su inhabilitación por el periodo de cinco años para el ejercicio de la función pública.
Por Alfredo Melgar M.
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