José Domingo Pérez ahora solicita al Poder Judicial que revoque su acuerdo con Jorge Barata
Por incumplir con prestar testimonio en juicio contra Ollanta Humala.

José Domingo Pérez / EXPRESO.
El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, pidió al Poder Judicial revocar el beneficio de colaboración eficaz de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, por incumplir con su deber de prestar testimonio en el juicio contra Ollanta Humala.
Según la información presentada por la Fiscalía, el investigado no cumplió con sus obligaciones de declarar como testigo en el juicio seguido contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, en la audiencia de este martes 10 de octubre, por lavado de activos.
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Después de sellar un acuerdo para que Barata responsabilice a peruanos en el caso de corrupción más grande de los últimos años, ahora solicita al Poder Judicial habilitar la posiblidad de acusarlo y se pueda pedir una pena en su contra. Sin embargo, la Constitución de Brasil no permite la extradición de sus nacionales, así que Barata no está oligado a responder de sus crímenes en otro país.
El referido petitorio judicial fue oficializado un día después de que el fiscal Germán Juárez Atoche, adelantara la medida en el juicio oral contra Ollanta Humala.

El documento redactado por el fiscal José Domingo Pérez fue dirigido a la jueza Margarita Salcedo, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.
José Domingo Pérez y Jorge Barata
Esta semana, se expuso un documento complementario de Pérez con Barata, el cual perjudica la investigación del fiscal Germán Juárez sobre aportes de campaña.
“Acuerdo de compromiso de especialidad y de limitación de uso de pruebas” se titula lo suscrito por el polémico representante del Ministerio Público, el 2 de diciembre de 2021.
El programa 'Beto a saber' mostró que los términos son claramente favorables a quienes saquearon miles de millones de soles a todos los peruanos. No solo acepta no usar la nueva información contra Odebrecht en otros casos de corrupción, sino también el derecho a veto de las autoridades de Brasil.
“Se obligan en nombre del Estado solicitante a no trasferir o entregar de cualquier modo a otras instituciones nacionales, organizaciones internacionales o a terceros países, las pruebas a que se refiere este acuerdo de compromiso”, dice el material que también cuenta con la firma de Rocío Gala Gálvez, fiscal superior provisional transitoria, responsable de la Unidad de Cooperación Internacional inca.
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