José Domingo Pérez en la picota por acuerdo ilegal con Odebrecht

Hoy el Tribunal Constitucional evalúa anulación de peaje que brasileños corruptos colocaron en Puente Piedra.


Mañana será el Día D para el fiscal José Domingo Pérez, quien firmó el primer acuerdo de colaboración con la empresa corrupta Odebrecht. Desde las once de la mañana, el juez constitucional Denys Gutarra escuchará los argumentos del funcionario y los de Phillip Butters, respecto a la demanda de habeas data presentada por el conductor.

Mediante el abogado Wilber Medina, Butters había apelado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que la Fiscalía le entregue copia del convenio suscrito en 2019.

Gutarra, titular del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, citó al procurador del Ministerio Público, la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, y el Equipo Especial Lava Jato.

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Como informara EXPRESO semanas atrás, en total son once acuerdos que el Ministerio Público firmó con Odebrecht, OAS, Jorge Barata, José Graña y otras personas jurídicas y naturales. Según información de la Procuraduría del Estado, todos ya han sido homologados en el Poder Judicial.

Esto significa que ya no hay peligro jurídico de que sean anulados, al punto que fiscales como Pérez, Germán Juárez y el mismo Rafael Vela ya han manifestado que Barata no lo está cumpliendo, y han invocado quitarle los beneficios de la colaboración eficaz.

Con este argumento, y vía su abogado Medina, Butters invoca el derecho constitucional de todo peruano a conocer la cosa pública. De lo que se filtró del documento, solo se sabe que les dábamos impunidad prácticamente total a los delincuentes brasileños, a cambio de que nos brinden información sobre funcionarios y políticos a quienes sobornaron.

información sin valor

El problema es que luego se supo que no valía la información digital que sustentaría sus testimonios. Hablamos de los sistemas Drousys y My Web Day, donde se guardaban todos los pagos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la “Caja 2”.

Asimismo, luego de que Contraloría calculara por lo menos una reparación civil de S/ 3,500 millones en el 2018, la parte peruana aceptó cobrar solo S/610 millones (más intereses) en 15 años.

No hay excusa

“El Perú necesita conocer la verdad. Cada vez que se averigua algo nuevo, vemos que es perjudicial para el país, y favorece a los corruptos. El acuerdo ya fue homologado hace varios años, ya es cosa juzgada, así que no hay motivo para esconderlo”, manifestó Medina.

Sin embargo, existe por lo menos un “convenio complementario” por el cual la justicia peruana aceptó subordinarse a la de Brasil.

Esto se suscribió en el 2021, y el exCEO de la constructora brasileña lo está usando como justificación para no declarar en el juicio a Ollanta Humala por presunto lavado de activos, precisamente con aportes de Odebrecht a sus campañas electorales del 2006 y 2011.

Para el penalista Julio Rodríguez, el Equipo Lava Jato habría actuado contra la ley, al pactar con Odebrecht y Barata, a espaldas del pueblo peruano.

Incluso recordó que el fiscal Vela Barba había ofrecido, en el 2018, publicar su contenido, pero luego se echó para atrás.

“Absolutamente ilegal. Ese acuerdo solo debería ser aplicable al caso materia del mismo acuerdo.

No se puede aplicar a otros casos, a menos que el colaborador brinde información que sirva para abrir nuevas investigaciones”, explicó en CTV.

Rodríguez aclaró que él defiende a uno de los investigados vinculado al proceso de ofrecimiento de información del caso, pero que esto no altera su criterio profesional de que, ante los resultados negativos, debe quedar sin efecto.

“Debe determinarse responsabilidad por una norma que no considera perjuicio al Estado como criterio elemental. Lucro cesante y daño emergente son conceptos básicos que no se pueden desconocer”, agregó.

Consideró que, al sujetarse la justicia peruana a la brasileña, el 90 % de casos se van a caer. “Solo pueden sobrevivir los casos donde recibieron dinero en plena gestión, como Alejandro Toledo, Susana Villarán y PPK”, enfatizó.

“Absolutamente ilegal”

Cabe indicar que José Pérez tiene varios procesos disciplinarios en la Autoridad de Control del Ministerio Público. Estos son por hablar contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides (a raíz de que ella había tomado sus generales de ley a Alejandro Toledo), tergiversar el contenido de documentos para empapelar a alguien (con el empresario Gonzalo Monteverde) o dar declaraciones políticas por un caso que recién iba a investigar (contra José Luis Sardón).

A esto se suma la Resolución 5 de la Tercera Sala de Apelaciones Nacional, expedida el 16 de octubre. Los jueces superiores señalan que el polémico fiscal habría abusado de su cargo para acusar a Pedro Pablo Kuczynski, Gerardo Sepúlveda y otros involucrados en el caso First Capital.

Resulta que el fiscal había elevado su pedido de prisión al expresidente, sin permitir que la defensa de los investigados pueda responder a una pericia contable financiera. El artículo 180 del Código Procesal Penal establece claramente que el plazo mínimo para esperar una respuesta de la otra parte es de cinco días laborales.

Al incumplir la ley, Pérez provocó que todo el caso regrese a la etapa de investigación preparatoria, perjudicando al sistema de justicia.

“Teniendo en cuenta que toda esta incidencia lo ha generado la actuación –cuando menos apresurada- del fiscal responsable del caso, quien sin razón valedera y razonable emitió la disposición de conclusión de la investigación preparatoria ni bien recibió el informe pericial”, señala la Tercera Sala de Apelaciones Nacional.

Debido a este accionar contra el objetivo de llegar a la verdad, y eventualmente reparar algo del daño que Odebrecht y sus presuntos operadores hicieron al Perú, el colegiado dispuso que esta documentación sea analizada para abrir una nueva indagación contra el otrora “héroe”.

“Aparte de afectar el procedimiento establecido en la ley, perjudicaría el derecho de acusación, pues al parecer sustentaría una acusación con un medio probatorio inconcluso, debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de control del Ministerio Público a fin de que se pronuncie de acuerdo a sus atribuciones”, se lee claramente.

Vulneró derechos

Lo que es peor, los magistrados Ramiro Salinas Siccha, Yenny Magallanes y Víctor Enriquez advierten que el polémico funcionario incluso habría atentado contra principios básicos de su institución.

“Se ha llegado a determinar que la resolución venida en grado en parte vulnera los derechos y garantías que el Ministerio Público invoca como agravios, por tanto, debe declararse la nulidad de la venida en grado y actuando el Colegiado en sede de instancia, debe pronunciarse como corresponde”, concluyen.

Los errores de Pérez ya no se han podido ocultar desde el 2019. En la acusación contra Keiko Fujimori y otros por presunto lavado de activos, tuvo que reformular su documento por lo menos once veces. En el juicio a Toledo se vio obligado a entregar de nuevo diversos folios que no estaban enumerados.

Otra equivocación que podría costarle caro es la que ya está en investigación en la Fiscalía Superior de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, a cargo de Lina Balvín. Hace casi medio año se iniciaron diligencias por el supuesto delito de prevaricato.

Pérez había cambiado de nombre a una empresa offshore, señalándola como satélite de Odebrecht, para convencer a un juez de su investigación por lavado de activos a Fujimori y otros personajes.

Balmer Holding Assets LTD (de EE.UU.) y Balmer Holding Assets SA (creada en Panamá el 2 de enero del 2007) fueron asumidas como una sola, luego de un reportaje de IDL Reporteros. Esto sirvió de sustento para gestionar la orden de prisión preventiva contra los empresarios Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona.

En EE.UU. no existe razón social que finaliza en SA, porque no existe en las normas comerciales de ese país. Los abogados de los investigados presentaron sendas denuncias ante la ANCMP y el Ministerio Público.

Por César Rojas

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