Joseph Campos: “Ministerio Público utiliza denuncias contra la presidenta de manera política”

¿La demanda competencial que presentó el Ejecutivo ante el TC busca que la presidenta Dina Boluarte no sea investigada en funciones?

No, esa demanda competencial no ha sido desarrollada por la presidenta de la República, sino por la Procuraduría General del Estado, a través de su procurador en temas constitucionales, y lo que se está pidiendo es que el TC interprete el artículo 117 de la Constitución, considerando que la presidenta tiene estas investigaciones penales. Es un pedido de interpretación de dicho artículo, que hasta ahora no ha sido desarrollado por el TC.

¿Y eso surge como consecuencia del allanamiento a la casa de la mandataria, en donde rompieron su puerta a combazos?

No solo eso, sino que, por ejemplo, después de 18 meses, el Ministerio Público recién se da cuenta de que es imposible acusarla por genocidio. Esta forma de investigar que tiene el MP no solo le hace daño a Boluarte, sino a la institución presidencial, porque un presidente, en vez de estar preocupado en gobernar, tiene que estar sometido al vapuleo y a la preocupación que provocan las denuncias en general.

Lo que queremos, a través de diversos caminos, como el habeas corpus que defienden los doctores Domingo García Belaunde y Ernesto Blume y el amparo que estamos promoviendo nosotros, es establecer una manera correcta de la forma de investigar que se tiene que tener con el presidente de la República.

Pero, desde su punto vista, ¿los presidentes en funciones deberían ser investigados o no? Yo creo que sí, pero de manera preliminar.

Debería haber una diligencia previa para descartar toda denuncia que sea inoportuna, ridícula o que no tenga sentido. La investigación, además, debería ser corta; tiene que buscar pruebas y no más. También se tiene que evitar toda aquella investigación que afecte la imagen presidencial, como el caso de los allanamientos que se hicieron sin nada que los justifique. El TC tendría que decirle al Ministerio Público que al presidente se le investiga diferente, porque la Constitución lo trata diferente.

¿Usted no niega, entonces, la posibilidad de que un presidente en funciones sea investigado?

No, claro que no, pero que se investigue cuando corresponda, conforme a la Constitución, que le da una tranquilidad al presidente de la República. Es decir, no pueden ocurrir investigaciones preliminares interminables, no puede haber actos como los allanamientos, y no puede haber imputaciones ridículas, como el caso del genocidio, que ha durado 18 meses para decir que no hay nada. Es una locura.

¿Por qué el fiscal de la Nación interino, Juan Villena, interpuso una denuncia constitucional contra la presidenta por homicidio y lesiones por las muertes en las protestas, si estos delitos no están estipulados en el artículo 117 de la Constitución?

Eso puede ser hasta discutible, pero él sabe que, mientras se le impute directamente a la presidenta, se está debilitando la posición de defensa de militares y policías. En algunos casos, efectivamente, puede haber ocurrido excesos, pero, en otros, no, porque los policías han podido haber utilizado bien sus armas. Todo eso se tiene que evaluar, pero, cuando se denuncia a la presidenta de la República, se genera la percepción de que todo estuvo mal y eso es irresponsable, porque los policías tienen que defenderse con tranquilidad. No sabemos si los policías se han excedido o han usado correctamente sus armas.

Y no se sabe tampoco si es que se han matado entre los manifestantes.

Puede haber ocurrido cualquier cosa. En mi opinión, el Ministerio Público está utilizando estas denuncias contra la presidenta de manera política y tenemos que aspirar a que el TC zanje esa discusión.

Boluarte también fue denunciada por el caso Rolex, donde se le imputa el delito de cohecho pasivo.

Eso tendrá su propia defensa en lo que a mí se refiere, yo he dicho, desde el inicio, que el solo hecho de tener un reloj no puede ser provocador más que de una eventual investigación, pero siempre detectando dónde ha ocurrido la irregularidad. Unos relojes, por sí mismos, no pueden provocar un acontecimiento que deteriore la imagen presidencial.

¿Cómo se configuraría el soborno, a través de la entrega de los relojes Rolex, si es que, según la Fiscalía, Wilfredo Oscorima se benefició con presupuesto para su región? No hablamos de que se benefició alguna empresa suya…

Se ha configurado de manera perversa. Supuestamente hay un cohecho impropio, en donde a alguien le dan algo para que haga lo que le piden. Lo importante sería establecer, de manera razonable, en qué manera se benefició al señor Oscorima, que parece que no necesita beneficios, y, si ha hecho cualquier gestión, ha sido a favor de su región. Se tiene que investigar con responsabilidad, sin romper puertas. Lo que más nos mortifica es la forma cómo se investiga. Imagínese que aparezca una nueva denuncia: la investigación preliminar puede durar hasta 36 meses. ¿Qué sentido tiene, entonces, el artículo 117 de la Constitución, si lo que quiere es que el presidente gobierne con tranquilidad?

“Congreso debe rechazar denuncia”

¿Patricia Benavides no había denunciado ya a Dina Boluarte por las muertes en las protestas? ¿Por qué ahora la denuncia de nuevo Villena?

Es que ella denunció solo 6 de los 49 casos, y ahora el fiscal Villena ha denunciado los otros 43.

Pero son los mismos delitos.

Y por esa razón es que el Congreso debe rechazar la denuncia.

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