Juicio en Moquegua lleva más de 30 años

Salas y juzgados se devuelven sentencias, mientras ancianos agraviados mueren sin lograr justicia.


Debe ser el proceso judicial en lo contencioso administrativo más antiguo, a tal punto que viene desde el siglo pasado. Empezó el 14 de enero de 1992 cuando una «comunidad campesina» de Moquegua invadió terrenos de propiedad privada e incluso los inscribió en Registros Públicos con malas artes.

Ante la exhibición de las pruebas registrales y testamentarias de los afectados, la alta dirección del Ministerio de Agricultura les dio la razón a estos. Entonces los dirigentes de la comunidad campesina de Tonohaya, distrito de Ubinas, provincia de Sánchez Cerro, entablaron dicho contencioso contra Agricultura y los propietarios privados en un juzgado de la capital.

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En el ínterin, toda la documentación administrativa desapareció (o la robaron) apenas empezó el caso, de forma que hubo que reconstruir el expediente por varios lustros. Es decir, partir de cero.

Desde ese entonces hubo cinco sentencias de primera y segunda instancia. Algunos magistrados devolvían el expediente de la Sala al juzgado por problemas nimios o doctrinarismos procesales.

Hasta que recién, el 29 de diciembre de 2015, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, resolvió en favor de Viviana Esquía y don Santiago Esquinarila, quienes defendían sus propiedades ancestrales.

La sentencia confirmó la decisión del Ministerio de Agricultura que había declarado «nulo e insubsistente en todos sus extremos» el plano de conjunto de dicha comunidad, sus actas de colindancia y memoria descriptiva.

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Sin embargo, los dirigentes “comuneros” insistieron en vía de casación la nulidad de la resolución de segunda instancia (Exp. N° 1089-1998).

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la casación N° 7011-2016, de fines de 2019, lo declaró infundado y dejó en claro la validez de la sentencia que daba razón a los adultos mayores.

Culpan al covid

Pero, so pretexto de la COVID-19 y otros, el 11 Juzgado notifica la sentencia ante el procurador público del ahora sector de Desarrollo Agrario, recién el 5 de julio de 2021, para que “tome cartas en el asunto” y luego lo remitió a su archivo definitivo.

Entretanto, se fue al agua toda la inversión hecha por Esquinarila y Esquía en los proyectos ganaderos y pecuarios. Es más, ellos ya fallecieron, y la matonería de los “comuneros” sigue en dichos terrenos. Y la región agraria de Moquegua, con su jefa, Luzgarda Gómez, ni se da por enterada, no obstante 30 años de litigio.

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