Justicia de Brasil anula pruebas de caso Lava Jato
«Las utilizadas por el Ministerio Público del Perú no valen nada», señalan abogados de Ollanta Humala. Prohíben que Odebrecht y Barata declaren en juicio a expresidente.
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“Justicia que tarda no es justicia”, refrán atribuido al filósofo Séneca, acaba de hacerse realidad con el caso Lava Jato en Perú. Uno de los casos más emblemáticos, por el cual el expresidente Ollanta Humala está enjuiciado, prácticamente llegó a su fin, pero no con una condena, sino con la anulación de pruebas desde Brasil.
“El ministro del STF (Tribunal Supremo Federal) José Antonio Dias Toffoli respondió a un pedido del expresidente de Perú Ollanta Humala y vetó la audiencia, por parte de la Justicia peruana, de testigos brasileños en una demanda presentada contra el expresidente. La decisión fue dictada el lunes”, informó la prensa del país vecino.
Silencio de vela
En Perú, el Equipo Lava Jato, liderado por Rafael Vela, había evitado durante años, tocar el tema de que los servidores Drousys y My WebDay (donde Odebrecht guardaba información de pagos ilegales) habían sido manipulados en forma negligente.
“La inutilidad de la prueba cuestionada por el demandante original fue plácida en una decisión de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal –final e inapelable–, en vista de la probada contaminación del material probatorio recabado por el 13º Juzgado Federal de Curitiba”, dijo el magistrado.
Esto se enmarca en el juicio que Humala, su esposa Nadine Heredia y otros exdirigentes del Partido Nacionalista afrontan por supuesto lavado de activos. Según el fiscal Germán Juárez, recibir aportes para campañas políticas en el 2011, configuraba este delito.
Viaje de Juárez
Incluso el del Ministerio Público ya tenía planeado viajar a Brasil para interrogar a Jorge Barata y a Marcelo Odebrecht, el 4 y 5 de septiembre. Esto podría verse frustrado, o al menos limitado, porque sería la cuarta vez que se queda sin los testimonios que consideraba necesarios para lograr una condena.
“Es imposible no concluir que los elementos de convicción derivados de los sistemas Drousys y My WebDay […], que dan sustento a la causa iniciada contra la demandante en Perú y de la que deriva la pretensión por la realización de un acto instructivo, aquí, en Brasil, son nulos, por lo que se prohíbe la práctica de los actos instructivos derivados de ellos”, resolvió Dias Toffoli.
Leonardo Massud, Gustavo Badaró y Marco Aurélio de Carvalho, abogados de Humala Tasso, también habían impugnado el hecho de que las audiencias requeridas serían realizadas por una autoridad peruana, contrariamente a la legislación brasileña.
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“El objetivo es claramente realizar un acto judicial en territorio brasileño, bajo la presidencia de una autoridad peruana, y siguiendo el rito previsto en la legislación peruana”, señalaron.
Como coordinador del grupo Prerogativas, Carvalho celebró la resolución a favor del exmandatario peruano.
“Decisión valiente y muy oportuna del ministro Dias Toffoli. Las pruebas utilizadas por el Ministerio Público del Perú no valen nada, de acuerdo con una decisión que ya había sido dictada por el STF en el pasado reciente”, aseguró.
Según personas conocedoras del proceso, incluso la presidenta del PT, la diputada federal Gleisi Hoffmann (PR), podría ser citada a la audiencia, medida que, según estas mismas personas, podría afectar directamente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, procesado líder del Partido de los Trabajadores.
“Esperamos que el chorro de lava (Lava Jato) peruano no utilice los mismos métodos ilegales adoptados por la operación brasileña. Que se haga justicia al expresidente Humala, víctima de una gran persecución política, con objetivos espurios y electorales”, dijo Carvalho.
Antecedentes
Todo esto se veía venir, y los fiscales peruanos del caso Lava Jato peruano lo sabían, pero callaron. Los antecedentes de lo sucedido ayer en Brasil hay que ubicarlos primero, en 25 marzo de 2021, cuando la Corte Suprema del país vecino (Supremo Tribunal Federal (STF), determinó que el líder de los procuradores y jueces brasileños, Sergio Moro, no fue imparcial en el caso que acabó con la condena de Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Un audio letal fue filtrado y la opinión pública se enteró de la forma como es que Moro direccionaba a su equipo de procuradores (fiscales en Brasil) y jueces del sonado caso.
Antes, como preámbulo, en febrero del mismo año, se desactivó la Fuerza de Tarea del caso Lava Jato en Brasil y sus magistrados pasaron a formar parte del Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado.
Acto seguido, en marzo de 2021, vino la anulación de todas las sentencias contra el mandatario brasileño por razones que no viene al caso detallar.
De forma que ya estaba allanado el camino para el retorno de Lula al poder. Fue un ajustado triunfo (51% a 49%) ante Jair Bolsonaro el 30 de octubre del año siguiente, 2022. Desde este momento los vencedores empiezan a escribir la historia, pero con su influencia política.
Caso gasoducto
Humala y su esposa, Nadine Heredia, también enfrentan una investigación por supuesta corrupción con el contrato del Gasoducto del Sur. En 2014, con la aprobación técnica del hoy también encausado exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, se aprobó darle a Odebrecht y a Enagás más de 21 mil millones de soles para el proyecto energético.
Semanas después, las mencionadas empresas incorporaron a Graña y Montero en el consorcio. A fines de 2016, cuando el caso Lava Jato ya había estallado en Estados Unidos, Suiza y Brasil, el gobierno peruano anuló el contrato porque el consorcio capitaneado por Odebrecht no logró el cierre financiero, es decir los recursos para el proyecto porque el sistema financiero obvio que se puso renuente ante el estallido del escándalo en marzo de 2014.
Pero el carácter vicioso de los elementos para investigar no son novedad. Regresando al 2014, el entonces juez brasileño Sergio Moro ordenó la detención de Lula, lo cual era su atribución pero publicó conversaciones privadas del político con Dilma Rouseff, entonces presidenta.
Por este y otros vicios, en julio de 2018 otros magistrado fallaron a favor del ahora mandatario, pero Moro intentó impedir que se ejecute esta decisión. El problema era que estaba de vacaciones, y su accionar mostraba un claro direccionamiento político, antes que legal.
Estas irregularidades populistas le valieron a Moro ser ministro de Justicia con el gobierno de Jair Bolsonaro, acérrimo rival de Lula. Luego intentó formar una candidatura presidencial, pero no contó con apoyo popular.
En Perú se produjo algo similar con el equipo que dirige Vela. Cada vez que Keiko Fujimori subía en las encuestas presidenciales, el fiscal José Pérez lanzaba un recurso legal contra ella, el cual se hacía público casi instantáneamente.
El máximo ejemplo se produjo en marzo del 2021. EXPRESO publicó –en calidad de primicia– que se elevaba acusación de lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular. El Ministerio Público contaba con tres meses más para culminar sus investigaciones, pero su decisión coincidió con el alza en popularidad de la procesada.
Fujimori Higuchi había sido arrestada desde el 2018, por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, pero todas sus decisiones fueron anuladas en instancias superiores, incluso por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, se logró el objetivo de desacreditar a la opositora de los gobiernos de turno. Con esto, se facilitó que Pedro Pablo Kuczynski (exconsultor de Odebrecht) y Martín Vizcarra (proveedor de la constructora brasileña en la corrupta Carretera Interoceánica Sur) llegaran a Palacio de Gobierno.
Este paralelo entre Lula y Keiko Fujimori podría continuar. Se vocea que Vela y/o Pérez podrían dejar el Ministerio Público para postular a un cargo de elección popular, al lado de personajes que se vieron beneficiados políticamente por sus decisiones.
Se extinguirá el Equipo Lava Jato, como sucedió con la Fuerza de Tarea del caso Lava Jato en Brasil. Al menos esta última logró sentencias condenatorias contra los millonarios empresarios, a diferencia de Vela, Pérez y Juárez, quienes prefirieron no acusar a los confesos delincuentes Jorge Barata y José Graña.
Hay un aire de familia con lo que pasa en el Perú
Un audio deslizado por un testigo de ocasión, que la prensa no pudo ocultar en Brasil, probó las prácticas ilícitas de Sergio Moro en el direccionamiento de casos y en privilegiar hasta el extremo las delaciones premiadas y no hacer las investigaciones y corroboraciones basadas, por ejemplo, en la ruta del dinero o en hechos que estén mas allá de las versiones de lo que en el Perú se denomina “colaboraciones eficaces”.
No tenía competencia
La Suprema brasileña liberó a Lula da Silva de cuatro procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro. La Suprema sostuvo en su momento Moro no tenía la “competencia jurídica” requerida para analizar esos casos.
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