La dependencia judicial de Odebrecht [ANÁLISIS]

No son los extranjeros, sino las propias autoridades nacionales las que están entrampando los procesos bajo un esquema que se desconoce.


Los interrogantes más importantes que surgen en los medios judiciales nacionales, en la comunidad jurídica y de parte de la opinión pública en general, se refieren al futuro incierto que puede corresponder a los procesos judiciales que se ventilan en nuestro medio y que tienen como sustento principal las acciones de corrupción y lavado de activos desplegadas por la empresa Odebrecht. Hablamos de un futuro cada vez más incierto e inseguro, porque lo que viene aconteciendo en la jurisdicción brasileña respecto al caso Lava Jato no debe, y menos puede, pasar desapercibido por nuestras autoridades, sobre todo por las estrechas vinculaciones que tienen con los juicios e investigaciones que se llevan a cabo en nuestro país.

Nos referimos a las constantes nulidades y otros retrocesos judiciales que están dispuestos por los propios magistrados de esa nación, que han ido cambiando con el paso del tiempo desde que se inició este famoso caso de corrupción sistemática.

En mi opinión, no solo implican una grave regresión en la lucha contra la corrupción en ese país y en el continente, sino que, tratándose de nuestros propios procesos judiciales, no deben pasarse por alto o ignorarse las decisiones que se toman al respecto.

Ostensible desasociego

Manifiesto mi preocupación, porque no es la primera vez que la propia Corte Suprema de Justicia de Brasil decide de motu proprio anular diferentes actuaciones judiciales, retrasando cada vez más determinados procesos, como las que se refieren a la nulidad del contenido de los servidores ‘My Web Day y Drousys’.

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Igual sucedió no hace mucho tiempo con los juicios instaurados contra el actual mandatario Lula da Silva, quien estuvo privado de su libertad. En estos casos, la máxima instancia judicial de ese país declaró la nulidad de lo actuado, argumentando falta de competencia y otras razones que suscitan todo tipo de comentarios.

Hablamos de lo acontecido recientemente sobre la decisión de esta máxima instancia judicial de anular y dejar sin valor legal las decisiones tomadas en su momento contra uno de los personajes más importantes del caso.

Dependencia errónea

Considero que fue un grave error, no solo de índole judicial sino también estratégico, por parte de nuestras autoridades fiscales, depender en gran medida de lo que referían o interpretaban los propios procesados brasileños, quienes en su oportunidad se acogieron a la colaboración eficaz y ahora se encuentran libres a pesar de la gravedad de los delitos que cometieron.

Reitero que es una debilidad en materia de imputaciones y elementos de convicción de nuestra parte depender de lo que dicen, lo que dijeron y lo que dejaron de señalar algunos de los personajes más importantes de una de las redes de corrupción más grandes que ha habido en el mundo.

Hablamos de actores directos en materia de corrupción que actuaron de forma dolosa y premeditada, diseñando toda una red de corrupción que operaba a nivel global, entre paraísos financieros, empresas de fachada, redes virtuales, encubridores y toda clase de testaferros, al margen de las influencias políticas de las que siempre dispusieron dado su poder económico.

Marco probatorio

Las pruebas para cada caso, como único medio para poder condenar a una persona, debieron estar enmarcadas, sustentadas y, sobre todo, provenir de los hechos que acontecieron en nuestro medio, y no de los dichos de seudocolaboradores extranjeros que se encuentran fuera de nuestro país.

Hablamos de personajes de dudosa reputación que no se sabe si mentían o utilizaban su propia información como estrategia con vistas a la impunidad. La extradición en estos términos es imposible porque son las mismas reglas de juego las que no hacen viable una acción de esta naturaleza.

Ingenuidad

Considero que fue una candidez o una ausencia de experiencia probatoria, por decir lo menos, de parte de nuestras autoridades judiciales y administrativas, confiar y depender de lo que señalaban personajes extranjeros nada confiables que ahora se niegan a colaborar.

Bajo el esquema de la colaboración eficaz, se diseñó toda una parafernalia legal y política en nuestro país que nos tuvo absortos durante años, descuidando la verdadera razón de toda investigación y juicio penal, que no es otra que lograr y obtener la mayor cantidad posible de pruebas directas o indirectas, para de esa forma evitar depender de lo que manifestaban terceros.

Nos disparamos por la espalda

¿Cómo no van a hacer lo que más les conviene y se les antoja a los procesados extranjeros, negándose a colaborar con nuestra justicia y ratificando sus propias versiones planteadas con anterioridad, si en realidad fueron nuestras propias autoridades nacionales en las altas esferas del poder (Poder Ejecutivo y Congreso de la República) quienes ayudaron a los propios procesados extranjeros, permitiendo que no solo se fueran del país sino también apoyándolos para que transfirieran sus activos a terceras personas, y evitando cualquier medida coercitiva sobre los bienes de las empresas investigadas?

Hablo de la Ley 30737 de marzo de 2018, que, bajo la metáfora del pago inmediato de la reparación civil, en realidad otorgó a las citadas empresas una serie de facilidades legales inauditas. No solo hablo del pago de las reparaciones civiles, sino también, por ejemplo, de disponer que entidades como la SUNAT estuvieran impedidas de embargar ni aplicar medidas cautelares.

Manipulación de la información

Tan cierto es lo que manifiesto, que, a pesar de los reiterados requerimientos planteados contra los mismos procesados brasileños, ahora se niegan a testificar sobre lo que declararon en su oportunidad, debilitando de esa manera toda la labor de la defensa del Estado peruano.

Nos referimos a las dificultades que ahora surgen para fortalecer las imputaciones ante la negativa de colaborar.

El secretismo

Ahora se entiende por qué el proceso de colaboración eficaz más importante de la historia judicial en nuestro medio se mantiene en el más absoluto secreto, desgraciadamente con la anuencia lamentable de nuestras autoridades judiciales.

Hay una negativa rotunda de hacer público lo acordado en la colaboración como parte de la misma negociación. No son los extranjeros, sino las propias autoridades nacionales las que están entrampando los procesos bajo un esquema que se desconoce.

No hay acción constitucional hasta la fecha que haya logrado desempapelar lo pactado entre el Estado y los colaboradores extranjeros.

Inexperiencia

Era previsible que el escenario político regional y bilateral cambiara de forma significativa con el paso de los años, debilitando las acciones judiciales contra la corrupción, sobre todo porque quienes gobiernan se encuentran investigados por corrupción.

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