Caso Cócteles: las apelaciones congeladas del juez Zúñiga
Desde hace 10 meses, el juez ad hoc de Keiko Fujimori, Víctor Raúl Zúñiga, se ha convertido en un verdadero Hombre de Hielo, porque tiene congeladas y encarpetadas una centena de apelaciones sin cumplir con elevarlas a la Sala Penal, colocando en estado de indefensión a los procesados.
Caso Cócteles: las apelaciones congeladas del juez Zúñiga.
Un magistrado con la experiencia de Víctor Raúl Zúñiga Urday, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, puede ser inflexible, pero siempre imparcial, hasta puede sentirse incuestionable, pero jamás inapelable, porque la Constitución lo prohíbe (artículo 139).
Sin embargo, el juez de control del Caso Cócteles (aportes a las campañas electorales del 2011 y 2016), ha encontrado una manera sui géneris de sacarle la vuelta a la pluralidad de instancias del mandato constitucional, congelando y encarpetando las 89 apelaciones que han presentado Keiko Fujimori y otros 48 procesados desde hace más de 9 meses.
Si bien, su despacho ha informado a los abogados de la defensa que las apelaciones se han elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones que preside el juez Iván Quispe Aucca, la mayoría de estos expedientes apenas cuentan con el proveído (concesorio) y ninguna cuenta con el cuaderno completo. Es decir, se encuentra empantanadas, olvidando que la justicia que tarda no es justicia.
El hombre de hielo en caso Cócteles
Asimismo, se viene cumpliendo el funesto vaticinio de Expreso (“Juez encarpeta las apelaciones” 3/3/23), de que no se llegaría a resolver ninguna apelación antes de que se inicie el juicio oral (luego de expedir el auto de enjuiciamiento), de esta manera, estos escritos de la defensa no llegarán a surtir ningún efecto, como confesó molesto el propio Zúñiga en una audiencia en el verano: “interponen nulidades por un extremo y otros abogados por otras circunstancias… lo observan absolutamente todo, todo, todo… que lo impedirían estando en otra etapa procesal”.
Es decir, en ese momento reveló inconscientemente dos deseos: que no pensaba elevar ninguna de las apelaciones en esta etapa procesal (etapa de control) antes de que se inicie el juicio oral, y además, auguraba, como si tuviera una bola de cristal, que la Sala Penal tomaría en cuenta alguna o varias de las apelaciones. De esta manera, en la práctica, el ingenioso magistrado arequipeño ha derogado la pluralidad de instancias, o más bien, la ha convertido en ineficaz, porque con la demora, evitará que la instancia superior se avoque a estos expedientes antes del juicio oral, porque con el inicio del proceso carecerá de objeto este pronunciamiento cautelar, según señala el abogado José Nolasco.
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Como se ha publicitado desde Tumbes a Tacna, hace más de un mes se concluyó con la etapa de control con consiguiente mutación de la acusación fiscal, que fue oleada y sacramentada por el juez Zúñiga (31/5/23), requerimiento acusatorio de la Primera Fiscalía Anticorrupción que experimentó en la etapa de control 12 subsanaciones irregulares. Todo indicaría, a estas alturas del partido, que el magistrado se encontraría en plena redacción del auto de enjuiciamiento, para pasar de inmediato el expediente al juicio oral.
Según los abogados de la defensa, las apelaciones se clasifican en tres categorías: las de fondo (excepción de improcedencia de acción), las medidas cautelares (nulidades), todas presentadas hace más de nueve meses (lo que dura en gestarse una vida), sin que ninguna de ellas haya sido elevada dentro del plazo regular a la Sala Penal de Apelaciones para el fallo respectivo. El tercer tipo de apelaciones que se han presentado son contra las medidas restrictivas que se han dictado a los acusados (30/5/23), que por su naturaleza, son muy breves y generalmente se tramitan en un plazo máximo de 72 horas, pero también siguen durmiendo -en este caso- el sueño de los injustos. Sobre estas últimas, la situación es más grave, porque con ello ya se le otorga un tratamiento de condenado a varios acusados, exigiéndoles que mensualmente tengan que ir a firmar al registro de condenados y dar cuenta de sus actividades, así como disponer de un monto inmovilizado para la caución económica.
Amarrando el macho
A inicios de año, para capear la presión de la defensa por el embotellamiento del trámite de las apelaciones, Zúñiga mencionó que estaba en permanente contacto con Ingrid Nevado, asesora del presidente de la Sala Nacional de Justicia Penal, César Sahuanay, para presentar el famoso cuaderno único de las apelaciones. Sin embargo, todo quedó en nada. Palabras, palabras, palabras, palabras, como cantaba la diva Silvana Di Lorenzo. Al inicio de esta novela borrascosa de las apelaciones, el juez Zúñiga, como preparando el congelamiento de éstas, se quejó, en cuanta audiencia podía, que tenía demasiadas cargas laborales, pasándole la bola al especialista del despacho, Luis Alberto Vera Terrones (“El juego del Gran Bonetón” Expreso 9/3/23). Incluso llegó a mencionar que “no contaba con el tiempo ni con el personal necesario, porque se había despedido a más de 50 trabajadores que se encontraban en el régimen CAS”.
Resulta sumamente cuestionable que se aleguen deficiencias logísticas, para incumplir con el deber. Lo más grave de esta indolencia judicial se produce justamente cuando la Sala Penal le ha reducido drásticamente la carga laboral al retirarle dos megacasos del control de acusación que tenía a su cargo, con el fin de que se dedique, exclusivamente, a los dos casos Keiko Fujimori: Cócteles y Joaquín Ramírez. Dicho de otra manera, en la práctica, han creado un juez ad hoc de Keiko Fujimori. Los megaprocesos de los que ya no se ocupa Zúñiga son: “Los Nuevos Dueños del Sur” y un caso derivado del Caso Orellana. A propósito, en el Caso Orellana, el juez Zúñiga, que era el juez de control, aprobó en paquete la acusación de la Fiscalía, como se vanagloria. En el juicio oral de hace algunos días, quedó en evidencia el engaño del colaborador eficaz, Pablo Iglesias (presidente de los tribunales de arbitraje amañados de Orellana), quien incriminó a terceros para beneficiarse, pero en el contrainterrogatorio que sostuvo el Primer Juzgado Penal Nacional que preside el juez Guillermo Huamán, “el sacha colaborador” titubeó, determinándose la falsedad esgrimida.
Así las cosas, llama la atención que el magistrado mistiano, que corre cual liebre para dictar espectaculares allanamientos (171 locales de Alas Peruanas en Lima y en provincias) e innumerables prisiones preliminares y preventivas, continúe caminando con pies de plomo en la elevación de los expedientes de las apelaciones.
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