La impunidad como una estrategia legal: ¿se trata de un abuso del derecho? [INFORME]

De manera habitual comúnmente se entiende que la impunidad es aquella decisión o accionar judicial que impide e imposibilita que una persona que merece ser sancionada o castigada por la comisión de un delito, termine libre y exenta de cualquier tipo de responsabilidad a pesar de la gravedad y la contundencia de los cargos y los elementos de convicción que existen en contra de ella.

Se trata de una apreciación subjetiva y especialmente superficial que suscita toda una serie de dudas y severas limitaciones interpretativas que no se ciñen a la realidad.

La impunidad fenomenológica

Existen distintas y variadas lecturas a través de las cuales se puede describir la impunidad no solo como aquel mecanismo legal que encierra un abuso del derecho y un menosprecio el estado legal, sino un devenir más agudo que marca la ruta de los acontecimientos políticos para una sociedad determinada.

Una doble lectura: el historicismo de nuestra propia historia conocida como la historia oficial; y la otra historia, que es la verdadera y que se resume en la historia de la impunidad en el Perú. Hago esta disquisición, porque entre corrupción e impunidad, en realidad son los dos acontecimientos más importantes que han marcado y lo siguen haciendo, respecto a la ruta que siguen los acontecimientos en nuestro país.

Hablo de la impunidad no solo como resultado de una sentencia formal con contenido absolutorio o en todo caso excluyente, sino del abuso del poder y la política como la expresión máxima de la misma impunidad y la corrupción actual que confronta nuestra realidad.

Se trata del manejo tergiversado o desnaturalizado de las leyes propias como entidades orgánicas para evitar o impedir que una persona o un conjunto de ellas puedan terminar sancionadas como les correspondería según la ley.

Hablamos de una componenda política en materia de impunidad que recurre al amparo de las propias leyes para soterrar principios y valores que no solo desmerecen el estado de derecho sino que socavan la democracia como sistema de gobierno, en el sentido que no necesariamente todos responden a pesar de lo acontecido por sus actos propios en igualdad de condiciones frente al sistema.

Desnaturalización de la legalidad

Hablamos de una política desnaturalizada que proviene de un estado de derecho, que se supone es protector de los derechos de los ciudadanos, los que confían casi a ciegas de la justicia como entidad rectora y protectora, que en algunos casos resulta desmerecido cuando constatamos que se recurre al mismo estado de derecho, pero de forma inversa para proteger a unos cuantos catalogados como privilegiados, aunque en desmerecimiento de las grandes mayorías.

Un caldo de cultivo para engendrar todo tipo de conflictos frente a la omnipresencia avasalladora del poder que en la práctica cotidiana soslaya los derechos de los demás. Hablamos del abuso del poder que se encuentra inmerso dentro de una sociedad determinada y que obedece a la preeminencia de sus mismos mecanismos de control y sumisión.

La impunidad como estrategia

No es nada fácil improvisar una política de impunidad y menos una estrategia legal y política que la respalde en todas y cada una de sus decisiones.

Hablamos de una estrategia política convenida en un sentido operativo que englobe intereses divergentes que pueden provenir de distintos sectores políticos y económicos. Una concertación de intereses mutuos y recíprocos que requieren ponerse de acuerdo para en bloque puedan salir airosos e impunes frente a las graves imputaciones que existen contra ellos.

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Una estrategia como medio de acción, con mayor razón si hablamos de lograr niveles importantes de impunidad frente a los casos graves de corrupción en las altas esferas del poder, en la que se requiere definir los objetivos, tener claras las ideas que se van a implementar, y de manera especial copar a los actores principales que van a tener que tomar las decisiones.

Implica un marco legal que se requerirá implementar, modificar o adaptar para que todos puedan actuar en conjunto como si fuera una organización en la que se definen los roles y las prioridades.

Perversión de la legalidad

Como sabemos, el marco legal es fundamental en el tratamiento de la impunidad, sin el cual poco o nada se puede hacer. Hablamos de promulgar normas específicas para favorecer a los corruptos, librándolos de toda una serie de obligaciones y restricciones que son usuales cuando se trata de la aplicación del derecho penal.

Se trata de librar no solo de la mayor cantidad posible de restricciones y cargas en materia de responsabilidad penal, sino de acciones concretas que se requieren implementar que puedan afectar el patrimonio de los involucrados, entre las que destacan, la exención del pago de tributos, la libertad económica sin restricciones, la transferencia libre patrimonial o de activos y todo aquellos que pueda restringir el accionar económico de los involucrados.

Hablamos de promulgar leyes con nombre propio y que encierran beneficios excepcionales que en realidad son una burla en desmedro del erario nacional. Normas que son en realidad una forma de engañar a la opinión pública y suscitar falsas expectativas sobre los beneficios para el Estado, soslayando de forma encubierta los graves perjuicios económicos y morales que se suscitan determinadas disposiciones en agravio de la sociedad.

Delatores convertidos en colaboradores

Hablamos de convertir a los delatores confesos y manifiestos en seudocolaboradores de la justicia, en el sentido de hacer creer a la opinión pública que si no fuera por ellos y la información que habrían proporcionado, nunca se habría podido arribar a descubrir la verdad que encierra esta tipo de delitos.

Responsables de graves delitos que terminan librados de toda responsabilidad penal por el hecho de haber brindado información selectiva y oportuna, cuando en realidad correspondía a las autoridades encargadas de la investigación bajo sus prerrogativas obtenerlas, no de los colaboradores sino de su propia investigación como el mejor sustento de su futura acusación.

Una perversión de las leyes de colaboración o arrepentimiento, no solo para encubrir a los verdaderos culpables, sino para privilegiar o eximir a los verdaderos culpables en desmedro de la fortaleza y la misma credibilidad del mismo sistema de justicia.

Corolario

El objetivo final de toda esta componenda enmarcada dentro del ejercicio propio del buen derecho, la política y la misma democracia, no es otro que el abuso del derecho y el menosprecio por la legalidad, para sustraer de la acción de la justicia a importantes responsables en materia de corrupción, en algunos casos, recurriendo al mismo paso del tiempo como el mejor componente para dilatar cualquier acción judicial, y en otros, al respaldo legal que proporciona las propias leyes como el mejor medio para consolidar la impunidad.

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