La memoria selectiva de Lady Camones sobre despidos CAS en Contraloría: no se trata de un desconocimiento de la ley, es oportunismo político
El recorte presupuestario impuesto por el Congreso y aprobado por la Comisión de Presupuesto que presidía la apepista obligó al ente de control a reducir su personal.

La memoria selectiva de Lady Camones sobre despidos CAS en Contraloría: no se trata de un desconocimiento de la ley, es oportunismo político.
En los últimos días, la congresista Lady Camones Soriano (APP) ha intentado deslindar cualquier responsabilidad respecto a los despidos masivos de trabajadores CAS en la Contraloría General de la República en la región Áncash. Sin embargo, una revisión de los documentos oficiales y de las normas presupuestarias aprobadas por el Congreso, específicamente bajo su liderazgo en la Comisión de Presupuesto, desmiente sus recientes declaraciones y pone en evidencia su doble discurso.
El asunto es grave y afecta directamente a decenas de familias ancashinas. Los trabajadores CAS de la Contraloría en Áncash denuncian despidos arbitrarios a pesar de que sus contratos, según la Ley N.° 31131, son de carácter indeterminado.
A través de cartas enviadas a la propia congresista Camones, los afectados solicitan su intervención para detener los ceses masivos. Pero lo que resulta irónico es que, precisamente, la Comisión de Presupuesto que ella presidía fue la que aprobó los límites de personal CAS que ahora están causando estos despidos.
El oficio N.° 007369-2024-CG/DC de la Contraloría General de la República es contundente. En este se detalla que la Ley N.° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, fijó un límite máximo de 790 trabajadores CAS para la Contraloría, mientras que la institución ya contaba con 796 trabajadores bajo ese régimen.
¿El resultado?
Seis trabajadores están fuera del sistema, sin importar la estabilidad laboral que les confiere la ley. Además de ello, se contaba con 186 personal CAS a plazo determinado que, atendiendo la Ley de Presupuesto para el año 2025, finalizaron su contrato el 31 de diciembre de 2024. Es decir, que fueron casi 200 trabajadores los que quedaron en la calle gracias a esta infame ley.
Y aquí es donde surge la gran contradicción. La Ley N.° 32185 fue elaborada por la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida precisamente por la congresista Lady Camones. Es decir, la misma persona que ahora pide explicaciones sobre los despidos fue una de las responsables de aprobar el marco legal que los hizo posibles.
Lavada de manos
Esta actitud se puede calificar como un intento de lavado de manos político, según refieren en la misma Plaza Bolívar. Camones Soriano, que ahora envía oficios solicitando información sobre los despidos en Áncash, parece haber olvidado que fue su propia firma la que avaló el límite presupuestario que llevó a la Contraloría a ajustar su personal CAS. ¿Memoria selectiva o conveniencia política?
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La situación es aún más preocupante si se considera que los trabajadores despedidos apelan a normas claras y vigentes. El artículo 4 de la Ley N.° 31131 establece que los contratos CAS para labores permanentes son de carácter indeterminado.
SERVIR, el ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, también emitió informes técnicos que ratifican esta condición. A pesar de ello, el recorte presupuestario impuesto por el Congreso y aprobado por la comisión que presidía Camones obligó a la Contraloría a reducir su personal.
Despidos arbitrarios
Los trabajadores CAS de la región Áncash han sido claros en su denuncia. En una carta fechada el 20 de diciembre de 2024, manifiestan que los despidos iniciados el 18 de diciembre de ese año son arbitrarios y vulneran sus derechos laborales. Además, citan informes vinculantes de SERVIR que confirman que sus contratos no pueden ser extinguidos bajo la causal de vencimiento de plazo, puesto que no son contratos transitorios.
Oportunismo político
El discurso político de Lady Camones no se sostiene frente a los hechos. No se trata de un desconocimiento de la normativa, sino de una clara muestra de oportunismo político. En su calidad de presidenta de la Comisión de Presupuesto, no solo fue consciente de las implicancias del límite de personal CAS que aprobó, sino que también ignoró las advertencias sobre las consecuencias que tendría esta medida en la estabilidad laboral de cientos de trabajadores en todo el país.
Es tiempo para que la legisladora asuma su responsabilidad política. No se puede hacer política a costa del empleo y la estabilidad de los ciudadanos. Lady Camones debería recordar que las decisiones que se toman en el Congreso tienen un impacto real en la vida de las personas. Y que, en este caso, su firma fue la que abrió la puerta a los despidos que ahora dice lamentar.
La memoria selectiva puede ser útil en la política, pero los documentos oficiales y los hechos son contundentes. Y en este caso, los hechos dejan claro que Lady Camones fue parte del problema que ahora pretende solucionar.
Los ciudadanos de Áncash merecen una explicación clara y, sobre todo, acciones concretas que realmente garanticen sus derechos laborales.
Directiva de la comisión
La parlamentaria Lady Camones Soriano (APP) fue elegida, en agosto de 2024, como titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para el periodo anual de sesiones 2024-2025. Integran la directiva del grupo de trabajo los congresistas José Arriola Tueros (PP), como vicepresidente, y César Revilla Villanueva (FP), como secretario.
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