Lawfare: La judicialización de la política se trata del uso indebido de las herramientas legales [INFORME]
Ese método es el que se está utilizando hoy en beneficio de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
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La judicialización de la política, conocida como “Lawfare”, es la estrategia legal realizada en los planos político y mediático y jurídico, que tiene por objetivo primordial poner en tela de juicio, menguar o desmerecer las acciones de fiscalización y control de acuerdo con la Constitución Política emprendida por el Congreso de la República contra todos los miembros de la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ) por varias infracciones de diferente orden y contenido llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones.
Sin desmerecer el contenido constitucional que puede tener el ejercicio de las atribuciones que por ley le corresponde al Parlamento Nacional, que no es otro que destituir o inhabilitar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, en realidad se trata de una controversia jurídica con un marco de legalidad iniciada en contra de uno de los poderes del Estado por parte de quienes están a favor de que los integrantes de la JNJ no sean destituidos o inhabilitados por haber cometido una falta grave.
Guerra jurídica
Me refiero a la llamada guerra jurídica, también conocida como Lawfare, en tanto que al final de cuentas se trata del uso indebido, o mejor dicho incorrecto, de diferentes herramientas jurídicas o legales en el plano judicial para fines exclusivos de neutralizar o paralizar determinadas acciones del Parlamento en materia de fiscalización emprendidas contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia.
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Aunque existen diferentes definiciones sobre el particular, nos referimos a una modalidad particular de controversia en el plano judicial, respecto a un nuevo fenómeno que cada día tiene mayor arraigo en nuestro medio, sobre todo a partir de los casos emblemáticos de corrupción política en las alta esferas del poder y la gobernabilidad, a través del cual lo que se busca es neutralizar, entorpecer o paralizar posibles decisiones devenidas por parte de los poderes del Estado, en tanto que se recurre al sistema de justicia no necesariamente para que resuelva una situación de estricto derecho, sino para paralizarlas exacerbando la tensión de la opinión pública llegando a niveles insoportables de desprestigio y carencia de credibilidad.
Opera siempre desde arriba, a través de un sistema de justicia que aparece por encima de todos los poderes del Estado, ampliando el margen de operatividad de los jueces en detrimento del equilibrio de poderes, incluso soslayando aspectos y controversias parecidas que ya han sido resueltas de una manera determinada.
Se allana el espacio para que aparezca una juristocracia que cada vez va más en ascenso, soslayando instancias correspondientes que siempre se han considerado como deliberativas y respetuosas del derecho.
Doble resero de la ley
Hablamos, por un lado, sobre la forma y manera como se puede interpretar la ley cuando median intereses soterrados que no salen a la palestra pública, y por otro lado, como median y pueden tener presencia los intereses políticos cuando se encuentran en pugna, en todo caso desmereciendo los principios de imparcialidad e igualdad ante la ley.
Hablamos de una especial selectividad de la justicia que resulta fundamental en esta clase de guerra jurídica, como parte de una articulación con los medios de comunicación y las redes sociales, manufacturando posiciones a favor o en contra de personalidades, grupos o partidos políticos.
La eliminación y desmoralización del adversario, se concreta especialmente frente a la opinión pública en momento del desarrollo de la política que resultan claves y que ya no se volverán a repetir.
Estrategia legal
Se trata de una estrategia jurídica en el plano jurídico y judicial, que en el derecho anglo sajón se conoce como Lawfare.
Hablamos de un método legal que tiene un doble nivel: el uso aparente del estado de derecho como prerrogativa exclusiva y excluyente, y a la misma vez, el abuso desmedido y desproporcionado de diferentes prerrogativas legales que aparecen enmarcadas dentro de las mismas leyes.
Se trata de maximizar cualquier resultado o pronunciamiento judicial para sacarle el mayor provecho a su resultado con una finalidad determinada, que no es otra que desprestigiar al adversario, incomodándolo y mostrarlo como una persona incompetente y contrarios a los principios que rigen el buen derecho.
Hablamos de una controversia legal y política que se maneja en un escenario litigioso muy distinto al uso normal de la ley, en el que imperan de forma subrepticia y soterrada finalidades oscuras contrarias a la ley que no se condicen con las reglas del derecho y sobre todo respecto a su correcto uso.
Una confrontación judicial con rasgos y matices de controversias, pero de una baja densidad que tiene una fisonomía amorfa, indefinida e imprecisa, pero que se va adecuando subrepticiamente al devenir de los acontecimientos, y en la que se toma demasiado tiempo para poder montar una respuesta inmediata legal directa y contundente frente a las acciones malintencionadas del adversario.
Hablo de una confrontación legal de amplio espectro político, de agudo manejo mediático, con alto contenido jurídico, de gran realce en los planos informativos y noticiosos que se maneja en las redes sociales, como si fueran simples noticias, pero muchas veces amparadas en opiniones o declaraciones divergentes pero que tienen un efecto demoledor, sobre todo cuando se trata de desmerecer o desprestigiar al contrincante.
Lluvia de opiniones
Se trata de un escenario intrincado y aparentemente disperso, en el que las acciones están interconectadas y se retroalimentan de forma mutua y recíproca, para que a su vez, aparezcan fortalecidas por un lado, como una sola unidad que tiene la razón, y a la vez, dispersas, porque provienen de distintas fuentes informativas como parte de una lluvia intensa y constante de opiniones y de todo tipo de criticas malsanas.
Hablamos de un escenario local en el que imperan distintas acciones legales incluso provenientes de grupos locales, asociaciones civiles, defensores del derecho, voceros especializados, personajes públicos o privados que previamente han sido seleccionados, o de partidos o grupos políticos interesados en lograr réditos políticos para desmerecer al adversario, incluso recurriendo a los foros internacionales.
El tema adquiere ribetes de escándalos políticos e incluso sobre posibles atentados contra el estado de derecho y la democracia, cuando detrás de la judicialización de la política como parte de la controversia, aparecen personajes que se encuentran vinculados con la corrupción en las altas esferas de la gobernabilidad y el abuso del poder, que requieren de estos mecanismos para desprestigiar a los poderes del Estado que aparecen en su contra como la máxima expresión de la impunidad y el abuso del derecho.
Por Luis Lamas Puccio
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