Los regalos del fiscal José Domingo Pérez a Odebrecht
No intervino a constructoras ni a la alcaldía con la aparatosidad empleada en los casos Fuerza Popular y Alas Peruanas.
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Nunca realizó un allanamiento ni a Odebrecht ni a OAS ni a la Alcaldía, con la diligencia y aparatosidad con la que entró a Fuerza Popular y a Alas Peruanas. Tanto así que luego de siete años del escándalo de los peajes, recién se allanan las oficinas de Rutas de Lima y Línea Amarilla.
La Procuraduría y la Fiscalía procedieron a reducir de un plumazo la reparación civil en 82%. Milagrosamente pasó de S/ 3,468 millones (procurador Jorge Ramírez, Gestión 30/1/18) a S/ 610 millones (US$ 170 millones), cuyo monto habría sido calculado por economistas de la Universidad de Piura (¿?), además de la facilidad de pagar en cuotas anuales durante 16 años, sin costo financiero. Es la nueva ley, adujeron; sin embargo, los locuaces fiscales y la locuaz procuradora Silvana Carrión no dijeron ni pío durante el debate de la ley. Resultó una suerte de Reactiva para Odebrecht. No se tomó en cuenta que los proyectos ejecutados por Odebrecht en el Perú entre el 2004 y el 2014 ascienden a US$ 12,856 millones (Informe del Congreso del Caso Lava Jato 30/6/16), es decir, el 1.3 %, “Del Lobo un pelo”.
La Fiscalía y la Procuraduría aprobaron, antes de la sentencia del acuerdo, la venta de la hidroeléctrica de Chaglla a China Three Gorges por US$ 1,390 millones (25/4/19). De esta manera, ‘by-paseó’ la ley 30737, que obliga a que el 50 % se destine para pagar a los acreedores y el otro 50 % a un fideicomiso para pagar tributos y la reparación civil. Además, se incumplió la prohibición legal de transferir estos recursos al exterior (D.S.096-2018-EF 9/5/18). Como premio consuelo, el Estado recibió de la venta de Chaglla, la primera cuota anual de S/ 80 millones de la reparación civil.
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El fiscal Pérez abogó ante la Sunat para que archive la denuncia fiscal por S/ 1,032 millones en contra de Jorge Barata, Antonio Carlos Nostre Junior y otros exejecutivos de Odebrecht (H13 – 21/2/20).
Ningún funcionario de Odebrecht sufrió incautación de sus propiedades por parte de la Procuraduría Ad Hoc. Jorge Barata puso en venta su departamento de 359 metros cuadrados en el Golf de San Isidro por US$ 1.8 millones (2017), pero al no conseguir comprador por el escándalo, lo cedió en adelanto de herencia a sus dos hijas (Expreso 26/3/19).
También se le descongelaron las cuentas bancarias a Barata, además de devolverle, a pedido de la Fiscalía, cuatro inmuebles y tres vehículos, que le habían incautado en diciembre de 2017 por un valor de S/ 3.3 millones.
Según reciente confesión del fiscal Rafael Vela, el 30 % de los codinomes aún no han sido develados porque la empresa brasileña no contaba con medios financieros para extraerlos del sistema Drousys (24/5/23).
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