Luis Picón salió en libertad: Poder Judicial cambió su condición de reo contumaz por comparecencia simple
Parlamentario es acusado por el delito contra la administración pública.
Luis Picón salió en libertad: Poder Judicial cambió su condición de reo contumaz por comparecencia simple .
El congresista de Podemos Perú, Luis Picón, quedó en libertad luego de que el Poder Judicial levantara la orden de reo contumaz tras ser acusado por el delito contra la administración pública.
"Habiéndose incorporado y llevado a cumplida (su presentación), se va a levantar la orden de captura contra Picón Quedo y que se dirija esto a la autoridad policial", dictó el juez Luis Pasquel del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Huánuco.
Tras ello, el legislador salió de la sede de requisitorias en San Juan de Lurigancho, donde pasó una noche luego de ser capturado por la Policía a las afueras del Congreso.
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Precisar que ahora la condición de Luis Picón es de comparecencia simple.
Alegatos de Luis Picón
Según el abogado del parlamentario, Manuel del Castillo, la condición de reo contumaz fue ante el pedido de la Procuraduría al Cuarto Juzgado Unipersonal Supraprovincial de Huánuco por su inasistencia a las citaciones judiciales, las cuales fueron virtuales.
Incluso, el propio parlamentario señaló que solo faltó a una sesión producto de sus labores del Congreso, aseverando que aquel día no hubo conectividad. Estaba en Urubamba, Cusco.
Respecto a lo mencionado Luis Picón detalló: "Estuve haciendo trabajos del Congreso en la región Cusco, en Urubamba, en Calca. Y no hubo conectividad en esa oportunidad y se me declaró reo contumaz. Yo participé en las primeras audiencias, en la primera y la segunda. En la tercera del viernes pasado no participé. Pero ya me he puesto a derecho y se ha levantado esta supuesta pretensión".
Luis Picón como gobernador de Huánuco
Vale precisar que la medida en su contra se dio por hacer valorizaciones ficticias por más de 86 millones de soles en su gestión como gobernador regional de Huánuco en el 2012.
Por tal motivo, la Fiscalía solicitó una pena privativa de la libertad por cuatro años al considerar que cometió negociación incompatible por otorgar la licitación de instalación del servicio educativo inicial básico 621 en El Porvenir, favoreciendo de manera irregular al consorcio San Antonio.
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