Mano de JNJ en elección de fiscal de la Nación permite que suspendido Pablo Sánchez vote

Hace 5 meses está “congelada” sanción a funcionario, quien determinaría si Villena o Espinoza dirigen Ministerio Público.

Diario expreso - Mano de JNJ en elección de fiscal de la Nación permite que suspendido Pablo Sánchez vote

Gracias a una conveniente -para él- demora de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el controvertido Pablo Sánchez Velarde podrá decidir quién será el próximo fiscal de la Nación. A pesar de que se le suspendió por 120 días (en primera instancia) el 30 de mayo, hasta ahora no se le ejecuta la sanción.

Esta semana, la Junta de Fiscales Supremos, que integran el susodicho, Zoraida Ávalos, Delia Espinoza y Juan Carlos Villena, determinará si este último pasa de interino a titular del Ministerio Público, o si este último cargo lo ocupa otra persona.

Limbo funcional

Al parecer, la JNJ actúa con diferente criterio según el caso. Por ejemplo, el 7 de mayo Piero Corvetto no obtuvo los cinco votos necesarios para seguir como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electortales (ONPE), y debía salir en agosto último.

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Su reconsideración se vio en solo dos meses, cuando Inés Tello y Aldo Vásquez había sido respuestos por dos jueces (previa anulación una inhabilitación ordenada por el Congreso de la República).

Diferente trato

Con estos dos votos decisivos, logró su ratificación, justo días antes de que se venciera su periodo. ¿Coincidencia?

A Patricia Benavides, la JNJ la suspendió en diciembre como fiscal de la Nación, la destituyó en mayo, y rechazó su reconsideración poco más de cuatro meses después.

Justamente, por esta reciente decisión es que se acaba la situación de interino de Villena, quien tiene varias “papas calientes” que hasta ahora evita.

Diferentes fuentes del Ministerio Público han indicado que una de ellas es la decisión de pasar a José Pérez a investigación preparatoria, por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde mediados de agosto, Villena cuenta con el informe del fiscal anticorrupción Reggis Chávez sobre presunto enriquecimiento ilícito del miembro del Equipo Lava Jato.

El referido documento adjunta una pericia financiera contable que determinó un supuesto desbalance patrimonial de más de 131 soles entre 2018 y 2023. Pérez pidió un “plazo razonable” para dar nuevamente sus descargos.

Esta situación permite que el investigado gane tiempo hasta que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, escuche sus argumentos, en audiencia programada para el 29 de octubre.

Para ser precisos, los jueces supremos deberán aprobar o denegar la apelación de Pérez al rechazo a su tutela de derechos que emitiera el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria, el último 26 de abril.

Según el responsable del caso “Cócteles”, se le está volviendo a perseguir penalmente por hechos ya evaluados. Sin embargo, él se refiere a diligencias del 2013, cuando las realizadas por Chávez comprenden años posteriores.

Sánchez Velarde se ha vuelto prácticamente imprescindible para este tema, a pesar de que ya arrastra cuestionamientos por supuestos favoritismos a Odebrecht, al igual que Pérez.

Asimismo, Villena tiene pendiente la solución a una discrepancia con Pablo Sánchez Velarde, a quien le abrió investigación luego de que se revelaran su aparente patrocinio ilegal a Gustavo Gorriti.

Odebrecht y Gorriti

El nueve de julio del 2018, el investigado había llamado por teléfono al fiscal Rodrigo Rurush para ordenarle que abandone una diligencia de exhibición de documentos en la sede de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias”, le habría dicho el hoy votante clave para los destinos del Ministerio Público.

No solo hay diligencias pendientes sobre este tema, sino también una denuncia constitucional contra Sánchez. La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) ha solicitado que se inhabilite al cuestionado funcionario, aunque su pedido también está al ritmo de la JNJ.

Sánchez y Villena tienen otro entredicho pendiente. Ninguno ha querido responsabilizarse por la investigación a la presidenta Dina Boluarte por presunto abuso de autoridad contra la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Esta “papa caliente” ha provocado que Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, haya anunciado una demanda ante el Tribunal Constitucional. Según dijo, el plazo de las pesquisas ya culminó, sin el pronunciamiento respectivo.

Pero no solo eso. El caso de Marita Barreto ya empezó a ser afectado. La coordinadora del Equipo especial contra la corrupción afronta una investigación por revelación indebida de que el periodista Carlos Paredes era testigo protegido.

El comunicador de Willax la había denunciado por filtración de información reservada en un caso donde está involucrado el congresista Guillermo Bermejo. En respuesta, ella había respondido en RPP que Paredes era informante de la Policía Nacional.

La fiscal suprema Delia Espinoza abrió la carpeta 1258-2004, por el cargo penal correspondiente a Barreto, y citó al agraviado para ayer miércoles, a las 9:30 de la mañana, para que se ratifique en su despacho de la avenida Abancay, en el Centro de Lima.

Pérez y Barreto

En esta espera se dio el hecho clave: se había confirmado la destitución de Benavides, lo cual detonó y la consecuente convocatoria a elegir al nuevo titular del Ministerio Público.

“Se reprograma dicha diligencia para el 21 de octubre a las 9:00 horas”, se informó a Paredes, quien se preparaba a asistir con su abogado a la oficina de Espinoza.

Como se sabe, el miércoles por la noche la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público separó en forma preventiva, mientras culmina el proceso disciplinario en su contra.

Conversaciones

Fuentes del Ministerio Público indicaron que Ávalos Rivera se habría convertido en la principal gestora de que Espinoza sea la nueva titular del Ministerio Público.

El otro candidato es Villena, quien viene conversando con Sánchez y la misma Ávalos para que lo apoyen.

Apartada como Peralta

En un comunicado, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público desmintió a Marita Barreto. La fiscal había calificado a su suspensión como arbitraria, porque no se había recibido sus descargos.

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La institución dirigida por Antonio Fernández Jerí precisó que la medida es preventiva. Cabe indicar que similar acción se realizó con Elizabeth Peralta, por sus vínculos con Andrés “Chibolín” Hurtado.

Los miembros del “Equipo especial contra la corrupción en el poder” también se pronunciaron públicamente.

“Consideramos desproporcionada la decisión”, indicaron, señalando que la salida de Barreto debilitaría las investigaciones en casos emblemáticos.

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