“Marita Barreto y Patricia Benavides se reunieron con periodista”: le solicitaron opinión a Rodrigo Cruz, aseguran
Y abogado Andy Carrión sostiene que hay indicios que Barreto cometió delito respecto al traspaso de inmueble a su hijo.

La información relatada por Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, plantea una controversia sobre una presunta reunión entre las fiscales Marita Barreto y la propia Benavides con el periodista Rodrigo Cruz, en la que, según se menciona, habrían solicitado su “opinión favorable” en el contexto de la postulación de Patricia Benavides al cargo de fiscal suprema en 2022, según reveló un informe de CTV Perú Oficial.
Además, se menciona la supuesta intervención de César Prado, vinculado al Instituto de Defensa Legal (IDL), en apoyo de esta causa.
Según la acusación, las fiscales Marita Barreto y Patricia Benavides buscaron influir en la percepción pública de Benavides para favorecer su postulación al cargo de fiscal suprema.
Rodrigo Cruz, periodista reconocido, habría sido contactado para que emitiera comentarios positivos o favorables sobre la candidatura.
César Prado, identificado como integrante o colaborador del Instituto de Defensa Legal (IDL), habría apoyado la estrategia de respaldo hacia Benavides.
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Este punto sugiere posibles vínculos o alianzas entre actores mediáticos y legales.
Enriquecimiento lícito
El abogado Andy Carrión consideró que hay indicios suficientes para comprobar que la fiscal Marita Barreto ha cometido un eventual enriquecimiento ilícito respecto al traspaso de un bien inmueble a su hijo, lo que podría acarrear una pena de entre 5 y 10 años.
“El tema es que hay que prestar atención a dos considerandos. Primero, que un bien inmueble se valoriza con el paso del tiempo; puede ser un terreno o una casa. Pero también se valoriza cuando uno hace mejoras, arreglos, construcciones internas y modificaciones, y eso hay que tener en cuenta: si ese bien, con el transcurso del tiempo, llegó a tener este nuevo valor y, si es así, de dónde salió ese dinero para estas construcciones y modificaciones. Eso es lo que se analiza en el tema de enriquecimiento ilícito, que tendría una pena de 5 a 10 años”, explicó el penalista.
Para el abogado Andy Carrión, el hecho de no declarar el valor real de la propiedad sí constituye un delito.
Impacto institucional
Este tipo de acusaciones puede tener consecuencias sobre la credibilidad del Ministerio Público y los procesos de designación de sus principales autoridades.
El caso requiere una investigación seria y objetiva que permita esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades.
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