Ministerio Público allanó cuarteles y oficinas del Ejército en cinco regiones
Fiscalía interviene sedes de La Libertad, Lima, Áncash, Piura y San Martín. Investigan a militares por colusión agravada y banda criminal.
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El Ministerio Público allanó diversos cuarteles y oficinas del Ejército Peruano en cinco regiones del país en el marco de una investigación a oficiales y suboficiales de ese instituto armado.
El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad ejecutó la medida judicial de allanamiento e incautación de diversas oficinas de la 32° Brigada de Infantería EP Mariscal José Bernardo de Torre Tagle y Portocarrero en Trujillo, en torno a las investigaciones por los presuntos delitos de colusión agravada y banda criminal en agravio del Estado.
La diligencia también comprendió otros nueve inmuebles y oficinas del Ejército ubicadas en las regiones La Libertad, Lima, Áncash, Piura y San Martín, destacando la Dirección General de Gestión Administrativa para la Defensa del Cuartel General del Ejército (Pentagonito), ubicada en el distrito limeño de San Borja.
Alquiler de vehículos
Las indagaciones preliminares a cargo del fiscal Roberto Lecaro Alvarado permitieron establecer las actividades de una presunta banda criminal –conformada por efectivos militares–, que habría defraudado al Estado con la contratación del servicio de alquiler de vehículos para el transporte de tropas a la región de La Libertad, con la finalidad de brindar seguridad en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2022.
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Durante la diligencia, en la que participaron 12 fiscales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) y efectivos de la Policía Nacional, se recabó documentación y elementos que servirán para esclarecer los hechos.
Contraloría y PNP
Auditores de la Contraloría General de la República formaron parte del operativo de intervención de instalaciones del Ejército Peruano en las regiones La Libertad y Piura, en el cual también participaron representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Contra la Corrupción.
La intervención consistió en la incautación de documentos que contienen información sobre la contratación realizada en 2022 y donde se tienen indicios de posibles casos de irregularidades y/o infracciones a la normativa de las contrataciones públicas que implicarían, además, presuntos ilícitos penales.
Los representantes de la Contraloría, enmarcados en un servicio de recopilación de información, se encargaron de revisar información sobre las contrataciones públicas con el objetivo de determinar indicios de irregularidades que permitan complementar la investigación iniciada por el Ministerio Público.
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