Minjus evaluará reciente ley que elimina detención preliminar: Analizaremos si corresponde una modificación
Ministro de Justicia, Eduarda Arana, asegura que examinará estatuto y que se pronunciará al respecto. ¿Evidencia incapacidad en el Gobierno?
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El Ministerio de Justicia (Minjus) comentó que evaluará la Ley 32181, promulgada recientemente por el gobierno de Dina Boluarte y el Legislativo, la cual elimina la detención preliminar en casos sin flagrancia.
El ministro Eduardo Arana declaró que su sector revisará los alcances de esta norma y emitirá una opinión técnica sobre su pertinencia, en respuesta a las críticas manifestadas por el Ministerio Público y otros organismos judiciales.
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La Ley 32181, ya promulgada el 11 de diciembre, modifica el Código Procesal Penal al derogar el inciso que permitía a los fiscales solicitar detenciones preliminares sin flagrancia en casos de delitos graves. Sin embargo, se evidencia que algo sucede en el Consejo de Ministros.
“Nosotros lo que hacemos del Ministerio de Justicia (Minjus) es examinar la pertinencia constitucional y la política criminal, es lo que acabo de expresar. Desde el Ministerio de Justicia, lo que vamos a hacer es examinar y analizar esta norma y nos vamos a pronunciar si es que corresponde hacer una modificación”, sostuvo el titular del Minjus.
Desde su promulgación, la norma provocó una ola de críticas. El Ministerio Público advirtió que la eliminación de esta herramienta procesal dificulta la detención de presuntos responsables de delitos graves, especialmente en situaciones donde el riesgo de fuga o la obstrucción de la justicia son altos.
Titular del Minjus evidencia improvisación
Este cambio limita significativamente la capacidad de las autoridades para actuar en investigaciones complejas, como aquellas relacionadas con el crimen organizado y la corrupción. Empero, analizando la situación, esto podría interpretarse como una señal de improvisación por parte del Gobierno, que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su capacidad de gestión.
En tanto, Arana aseguró que el análisis de la ley no busca contradecir la decisión presidencial, sino garantizar que las reformas legales sean funcionales y no pongan en riesgo la seguridad pública ni la eficacia de las investigaciones judiciales.
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