Monopolio mafioso de transporte en Machu Picchu
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¿Monopolio o competencia? Este dilema fue motivo de una acalorada audiencia del Tribunal Constitucional (TC) en Arequipa para dirimir una acción de amparo contra un monopolio que dura 23 años en el transporte turístico para cubrir la ruta de Aguas Calientes al Santuario de Machu Picchu, presunto ilícito que viene perpetrando la empresa Consorcio de Servicios de Transporte Turístico Machupicchu (Consettur).

La situación en Aguas Calientes por este reclamo es explosiva. Una numerosa marcha contra Consettur ya paralizó el turismo el pasado 24 de noviembre, situación que podría repetirse en estas fiestas navideñas, según se supo.

La demanda presentada por 700 pobladores de Aguas Calientes que conforman el Consorcio Machupicchu Pueblo contra Consettur señala que directivos de esta empresa monopólica habrían falsificado un contrato de concesión que fue por dos años en 1995 y la extendieron hasta el 2025 (ver recuadro).

La abogada Lourdes Flores Nano, quien patrocina al Consorcio Machupicchu Pueblo, que presentó el amparo, señala que “este monopolio es ilegal por la participación de la Municipalidad Distrital de Machupicchu como accionista de Consettur y por el origen fraudulento de la concesión al ser juez y parte en el otorgamiento de la buena pro.

El abogado Domingo García Belaunde, a nombre de Consettur, cuando las papas quemaban dijo que “si bien dicen que es un concesión fraudulenta, mafiosa, ‘trafera’…, perfecto pues, pero demanden en la vía penal o en la vía civil, ¿por qué se tienen que ir a la justicia constitucional?”.

Dicho de otro forma, sostiene, la acción de amparo no es la vía idónea para ventilar la falsificación de un contrato, porque “una acción de amparo tiene la finalidad de restituir derechos, y en este caso el derecho sería participar en una ruta que no le pertenece a los demandantes”.

Flores Nano replicó con estas palabras: “Si fuera una ruta regulada –una vía nacional–, el organismo regulador del sector (Ositran) resolvería el problema, pero el único camino posible de emplear, cuando la vía no es regulada, es la constitucional, es decir, la acción de amparo”.

INFORMACIÓN FALSA

“El propio Indecopi –Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual–, a través de la Resolución N° 041-2008-Indecopi del 21/08/08, ha declarado como información falsa el contrato de concesión con el cual opera Consettur, debido a que este contrato ha sido burdamente falsificado con la intención de ampliar el monopolio hasta el año 2025, y esta decisión administrativa ha sido reconocida en todas las instancias del Poder Judicial que han abordado el caso”, indicó la letrada.

Entonces “el TC tiene la responsabilidad de restituir el derecho a la libre competencia en la ruta y hacer jurisprudencia en este tipo de casos donde existe corrupción y monopolio ilegal, siendo la municipalidad la que otorga una concesión a favor de una empresa en la cual el alcalde y los regidores son socios”, concluyó Flores Nano.

ORIGEN DEL PROBLEMA

Todo empezó cuando la Municipalidad Provincial de Urubamba, cuyo alcalde entre los años 2007 y 2014 fue el congresista Benicio Ríos, firmó un convenio con la Municipalidad Distrital de Machupicchu por el cual reconoció a Consettur una concesión de 30 años que llegaba hasta el 2025.

Es el mismo Benicio Ríos, arrestado el pasado 14 de noviembre para cumplir la condena en prisión efectiva de siete años, tras hallársele culpable por el delito de colusión agravada en la compra sobrevaluada de un terreno cuando era alcalde de Urubamba por el partido APU (Acuerdo Popular Unificado).

La historia comienza cuando la Municipalidad de Machupicchu (1995) convoca a una licitación para otorgar la concesión del transporte turístico a Machu Picchu, para lo cual paralelamente constituye una empresa denominada Consettur.

Pero resulta que en este Consettur uno de los accionistas era la propia municipalidad, con el 38.24 % de acciones, luego al Empresa Municipal de Transportes Machupicchu – Tramusa, con el 38.89 % a nombre de la Empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu y otro 22.87 % de la Empresa de Transporte Turísticos Pachacútec.

Desde esa época, Consettur, con el padrinazgo del municipio de Machupicchu, tiene el monopolio en el transporte de la ruta y han conseguido que el plazo de concesión se siga ampliando sin convocar a una nueva licitación, con la finalidad de no permitir el ingreso de otro operador de transporte de buses.

El plazo original de la concesión fue fijado por dos años, es decir hasta 1997, pero –reiteramos– fue ampliado mediante diversos contratos y luego apareció un contrato falso con un plazo de 30 años que fue objeto de rechazo por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República Caso Nro. 5451-2011 31/07/12, hasta donde llegó el caso el última instancia.

PLAN SECRETO

Ahora el expediente está en el TC. Por lo que los partidarios del libre mercado señalan que ahora la nueva estrategia de Consettur sería dilatar la sentencia del TC y esperar que esta resolución les permita un resquicio para que ellos sigan operando mientras se convoque a una nueva licitación, la que postergarían hasta las calendas griegas.

Esta situación permitiría que este monopolio siga alimentando las arcas de Consettur (Pachacútec, Waynapicchu) y por cierto el 38 % que recibe Tramusa, la empresa del alcalde y los regidores de la Municipalidad de Machupicchu.

POR BRINDAR INFORMACIÓN FALSA

Indecopi multó a Consettur

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una investigación de oficio el año 2001 debido a que no se había convocado una nueva licitación, pese a que el contrato de 1995 era por un plazo de dos años.

Más adelante, ante la denuncia de la Asociación de las Agencias de Turismo del Cusco (ATC), por “abuso en la posición de dominio” y del excesivo precio de los pasajes que cobraba Consettur, Indecopi advirtió que dicha empresa le había presentado un contrato de concesión por 30 años y no por dos años, como lo había hecho en la investigación del 2001.

Fue entonces que Indecopi sancionó a Consettur por presentar información falsa sobre dicho contrato con 50 Unidades Impositivas Tributarias-UIT, tal como consta en la Resolución 041-2008 del 21 de agosto de 2008, vale decir unos 175 mil soles de esa época.

El citado monopolio impugnó la resolución de Indecopi ante el Poder Judicial, pero la Tercera Sala en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución N° 8 14/04/11 y la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema (Apelación N° 5451-2011 del 31/07/12) ratificaron que el contrato de concesión por 30 años es falso.

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