Morgan Quero denunciado penalmente por discriminación tras declaraciones sobre derechos humanos
Desde Defensoría y Congreso piden destitución.
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El ministro de Educación, Morgan Quero, enfrenta denuncias penales por el presunto delito de discriminación, tras afirmar que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”.
La frase, pronunciada durante una entrevista con una periodista en Piura, desató una ola de críticas desde diversos sectores, incluyendo la sociedad civil y el ámbito político.
La declaración se produjo cuando se le consultó por los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Aunque Quero, posteriormente, intentó aclarar que sus palabras se referían a violadores de derechos humanos y no a las víctimas de las manifestaciones, su explicación no logró calmar la controversia.
El abogado Javier Adrianzén presentó una denuncia penal contra Quero ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En el documento, Adrianzén acusó al ministro de incurrir en el delito de discriminación, previsto en el artículo 323 del Código Penal, y solicitó una investigación que evite la impunidad.
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Paralelamente, Ronald Atencio, presidente del partido político Voces del Pueblo, interpuso una denuncia similar ante la Fiscalía Suprema Penal, señalando que el ministro habría incitado a la discriminación entre peruanas con sus declaraciones.
En respuesta a estas acciones legales, Quero negó que sus palabras estuvieran dirigidas a las personas que perdieron la vida en las protestas. "Rechazo cualquier tergiversación. Yo supuse que la pregunta estaba vinculada a los derechos humanos de los violadores, por eso respondí de esa manera", explicó.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento, calificando las expresiones de Quero como “deplorables” y solicitando su destitución inmediata. Desde el Congreso, varios parlamentarios exigieron a la presidenta Dina Boluarte tomar medidas frente a estas declaraciones, que consideran inaceptables para un alto funcionario.
El delito de discriminación en el Perú se castiga con penas de dos a tres años de prisión o servicios comunitarios de hasta 120 jornadas.
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