No es momento de pensar en pena de muerte, señalan constitucionalistas Domingo García Belaúnde y Ernesto Álvarez
Señalan que sería una pérdida de tiempo por la coyuntura actual y que es un distractivo político del Gobierno.
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Los constitucionalistas Domingo García Belaúnde y Ernesto Álvarez indicaron que no están de acuerdo con un debate inmediato de la aplicación de la pena de muerte en nuestro país.
García Belaúnde calificó la propuesta de la presidenta Dina Boluarte sobre ese debate como un distractivo y una pérdida de tiempo en el contexto actual. Según el experto, esta discusión no es oportuna debido a las complicaciones legales y diplomáticas que implicaría desvincularse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que tomaría al menos uno o dos años.
Enfatizó que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio, según estudios sociológicos, y que su implementación sería únicamente punitiva.
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Recordó también el antecedente del retiro de Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori, decisión que fue revertida al año siguiente. En su opinión, repetir este tipo de acciones sería contraproducente.
La coyuntura no es propicia
El constitucionalista señaló que la propuesta podría ser un intento de distraer a la opinión pública sin consecuencias prácticas inmediatas. Enfatizó que la coyuntura actual, con el cierre próximo de la legislatura y la cercanía de las fiestas de fin de año, no es propicia para abordar un tema de esta magnitud.
Finalmente, García Belaunde ironizó sobre la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, destacando la aparente contradicción de que Estados Unidos no sea parte del Pacto de San José. Concluyó señalando que discutir sobre la pena de muerte en estos momentos es improductivo y carente de sentido.
Cambios en legislación
Por su parte, Ernesto Álvarez señaló que no está de acuerdo con la pena de muerte porque se trata de gestos políticos que no tienen mayor utilidad. Asimismo, mencionó que es más fácil modificar el Código Procesal Penal que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abandonar la Convención Americana y superar al Tribunal Constitucional.
“Mucho más fácil es revisar y modificar la legislación que permite a los delincuentes, sicarios y secuestradores eludir la acción de la justicia, justamente porque hay muchos subterfugios y letras pequeñas en el Código Procesal Penal que permiten a los abogados de delincuentes avezados sustraerlos de la justicia. Ya sea porque el policía no hizo bien el informe o porque el fiscal se demoró en pedir la prisión preventiva, muchos jueces se ven atados de manos y no pueden procesar a los delincuentes aun cuando hayan sido capturados en flagrancia”, comentó.
También afirmó que es más sensato revisar la legislación, identificar qué cosas no están funcionando, fortalecer a la policía y dotarla de mejores armas de fuego y no letales.
“Sería una locura debatir la pena de muerte, porque estaríamos hablando de al menos dos años para aprobarla, y ya en julio de 2026 entra otro gobierno. Eso es un absurdo”, concluyó.
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