Nuevo intento de desalojo en Chilca
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Nuevamente el juez de Chilca Johans Cárdenas Díaz ha reprogramado, para este viernes 23 a las ocho de la mañana, un desalojo en los predios La Sirena (14 hectáreas) y El Salitre (50 has.) ubicados en el sector norte de esta localidad.

Esto se produciría a favor de los empresarios de Gamarra, los hermanos Nemesio y Pedro Guizado Portillo, en contra de Inversiones Las Arenas, pese a que el Juzgado Civil de Santiago de Chuco, a cargo de la jueza Carmencita Torres Hilario, ha reiterado al referido magistrado la vigencia de la medida cautelar que suspende esta diligencia.

POBLACIÓN SOBRESALTADA

En las últimas horas del día miércoles, en los vericuetos de la VII Región Policial, a cargo del general Jorge Luis Cayas Medina, se evaluaba el Plan Operativo que podría requerir una diligencia de esta envergadura.

Los informes de inteligencia refieren que en los fundos aludidos se encuentra presente una fuerza laboral de alrededor de 200 trabajadores. Estos se dedican a la agricultura y ganadería (vacuna y equina), a los que se suman sus familias, con gran presencia infantil y juvenil.

Una experiencia similar, de esta magnitud, la vivió la misma Sétima Región Policial en un violentísimo desalojo en Villa El Salvador el 19 de febrero de 2018. La revuelta ocasionó que un vecino falleciera y varios quedaran heridos.

El contingente policial que actuó ese lunes fatídico estuvo conformado por 400 efectivos a pie (la mayoría trasladados de la Dinoes a bordo de portatropas) a los que se sumaron 40 efectivos de la Policía Montada de El Potao, que en ese momento no se encontraba impedida de actuar en el operativo. Las fuerzas del orden se concentraron todo el fin de semana.

EXIGEN PROTECCIÓN

El abogado Andrés Tello, ex candidato a la Región Lima y dirigente de Chilca, señala que “las fuerzas del orden deben extremar sus protocolos para evitar todo brote de violencia que afecte la seguridad de los vecinos”. Agrega que se deben tomar todas las garantías para resguardar la tranquilidad de la comunidad.

“Las autoridades policiales y judiciales deben agotar todos los mecanismos que establece la ley para resolver estos conflictos de forma pacífica”. Acotando que “las autoridades están llamadas a proteger el interés de pobladores de escasos recursos económicos que son los más afectados”. (EXPRESO 14/10/2020).

Agregó que la Defensoría del Pueblo, autoridades municipales, el Poder Judicial e incluso el Ministerio de Justicia, y la Sunarp deberían pronunciarse para evitar estos conflictos.

“La inseguridad detiene las inversiones y los pobladores de Chilca son doblemente afectados, más aún en épocas de pandemia, pues pierden oportunidades de trabajo y progreso para sus familias”, indicó.

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