Pablo Sánchez: excongresista Yeni Vilcatoma no descarta denunciarlo ante JNJ
Juristas como Lamas Puccio, Katherine Ampuero y otros se suman al pedido de investigar a exfiscal de la Nación por tráfico de influencias, coacción y obstrucción a la justicia junto a Gorriti.
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La excongresista Yeni Vilcatoma (FP) afirmó que evalúa denunciar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por haber ordenado la suspensión de una diligencia en el local de IDL Reporteros, cuyo líder es Gustavo Gorriti.
El periodista habría llamado por teléfono al citado magistrado para detener dicha acción del Ministerio Público (MP), que buscaba información sobre los audios de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
En declaraciones para EXPRESO, Vilcatoma dijo que Sánchez Velarde podría ser inhabilitado si un congresista presentara una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Sin embargo, optó por el camino más corto, que es la destitución perpetua contra el citado magistrado supremo a través de la JNJ.
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“No era un allanamiento [a la sede del Instituto de Defensa Legal -IDL] el año 2018 sino una diligencia de exhibición de pruebas. Si el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez recibe una llamada y presiona sobre una diligencia, él está sujeto a destitución porque es una infracción muy grave”, dijo Vilcatoma.“Es lo q
ue está previsto en el artículo 47.8 de la Ley de la carrera fiscal en el que se prohibe la interferencia en el trabajo de otros fiscales o jueces, siendo en efecto causal de destitución”, agrega.
El citado artículo sobre faltas muy graves, en su inciso 8 es expreso: está prohibido “Intentar el ejercicio de influencia ante otros fiscales o jueces en causas que investigan o tramitan en el marco de sus respectivas competencias”.
Tráfico de influencias
“Lo que ha quedado claro es que la llamada existió y corrobora que hubo un acto de injerencia, un tráfico de influencias por parte del señor Pablo Sánchez hacia el fiscal Rodrigo Rurush y, según la ley de la carrera fiscal, esta acción puede ser sancionada con cuatro o seis meses de suspensión o la destitución”, añadió.
La exparlamentaria sugirió que debería haber una reorganización total del Ministerio Público con la finalidad de evitar que grupos de poder tomen el control de magistrados, y estos actúen acorde a los intereses de personajes particulares, haciendo un daño a la justicia del Perú.
“Ni el mismo fiscal (Juan Carlos) Villena le está pidiendo su renuncia a Pablo Sánchez, sabiendo que él mismo ha reconocido la existencia de la llamada, también que Gorriti dijo que llamó a Sánchez. Esto da lugar que justamente se pida una reorganización del Ministerio Público, incluida la Junta de Fiscales Supremos que tampoco ha emitido ningún pronunciamiento en contra del fiscal Pablo Sánchez. Si ellos no tienen la capacidad de adoptar acciones internas del MP, entonces todos deberían renunciar, porque no están a la altura de las circunstancias en pro de la defensa de una institución tan importante, convirtiéndose en personas que están en sus puestos para recibir sus millonarios sueldos y atender intereses particulares”, criticó.
La también exprocuradora no descartó de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, esté siendo manipulado por el cuestionado hombre del IDL, porque hasta el momento el citado titular de la Fiscalía no tomó ninguna acción contra su subordinado Sánchez.
“Villena pudo haber aperturado una investigación de oficio, creo que hay una estrecha vinculación entre Pablo Sánchez y Gorriti, lo que se habría evidenciado en la remoción indebida de la señora Patricia Benavides. Aquí hubo durante muchos años una galopante lucha por capturar el MP a través de los fiscales de la Nación. También debe crearse una comisión investigadora para saber cómo es que los fiscales de la Nación en el tiempo han ido obedeciendo a intereses particulares y no han defendido la autonomía de esta institución”, refirió.
Asimismo, consideró que Pablo Sánchez ha tirado abajo todos sus años de formación fiscal, por solo obedecer intereses privados, dejando de lado su función principal que es “perseguir el delito”.
“Se ha mostrado de manera escandalosa y con medios de prueba irrefutables, la vinculación que existía entre el señor Pablo Sánchez en su condición de fiscal de la Nación y el señor Gorriti”, añadió.
Lamas Puccio
En ese misma línea, el abogado penalista Luis Lamas Puccio concordó con la exparlamentaria que el camino más rápido para lograr separar a Sánchez Velarde del cargo de fiscal supremo es la Junta.
“La Junta Nacional de Justicia ya tomó conocimiento sobre los hechos, entonces, como lo que ha sucedido con la doctora Patricia Benavides puede abrir una indagación preliminar, incluso con las mismas prerrogativas de plantear una suspensión. Esta es una atribución que de manera particular le corresponde a la JNJ”, explicó Lamas Puccio a EXPRESO.
En ese sentido, indicó que todas las acciones se llevarían a cabo contra Sánchez Velarde, si la JNJ toma la decisión de investigarlo por el presunto delito de tráfico de influencias, según señala el citado letrado.
El abogado fue específico en el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los teléfonos celulares de Pablo Sánchez para verificar si realmente existía vinculación con Gorriti, no solo en este caso, si no en otros hechos.
“En esta indagación pedir información al Ministerio Público, solicitar información testimonial del fiscal que intervino [Rodrigo Rurush], levantar información sobre las llamadas telefónicas, citarlo a Pablo Sánchez para que dé una declaración indagatoria”, planteó.
Para Lamas Puccio, el fiscal Supremo Sánchez habría cometido el delito de tráfico de influencias por ejercer presión sobre el trabajo de un fiscal, tan solo por indicaciones de Gustavo Gorriti, de IDL Reporteros.
“Si la JNJ encuentra evidencias, lo suspende o inhabilita, entonces eso tiene que ser informado al Ministerio Público para que se inicien las acciones penales que correspondan. La suspensión de la actuación (diligencia de exhibición de documentos) estaba dirigida a orientar la decisión que tenía que tomar el fiscal. Evidentemente ese es un tráfico de influencias, una forma de ejercer presión sobre el fiscal. También hay que conocer qué cosas hubo de por medio, por qué el señor Gorriti tiene tanta influencia sobre Pablo Sánchez”, detalló.
Ampuero: coacción
Por su parte, la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero aclaró que solamente la Oficina de Control Interno del Ministerio Público puede castigar a fiscales que comenten actos irregulares, contraviniendo las funciones reales de la Fiscalía.
Resaltó que Juan Carlos Villena como máxima autoridad del MP no tiene esa potestad. “Si el fiscal provincial estaba ejecutando ilegalmente una diligencia de exhibición de documentos u otra, ello debió ser investigado y sancionado por la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. No es función de un fiscal de la Nación ordenar suspender acciones fiscales”, dijo Ampuero.
La abogada aclaró que el titular de la Fiscalía comete delitos si se comunica por diferentes medios con un subordinado y este le ordena detener una diligencia.
“El solo hecho de que un fiscal de la Nación, apellide como apellide (Benavides o Sánchez), en su condición de tal, llame a un fiscal provincial adjunto u otro y le ordene suspender una diligencia (así ésta sea irregular) está cometiendo una falta muy grave”, señaló.
“Pablo Sánchez debe ser investigado por coacción por amenazar a un fiscal durante la diligencia en IDL, a instancia de la llamada telefónica de Gorriti. ”Gustavo Gorriti y Pablo Sánchez cogobernaban en el Ministerio Público”, agregó en sus redes.
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