Patricia Benavides: «Buscan mi salida de la Fiscalía de la Nación»
Fiscal de la Nación denuncia complot de grupos que buscan apoderarse del Ministerio Público para usarlo como instrumento de persecución política.
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La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró ser víctima de una venganza política a la cual contribuyó la excoordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) Marita Barreto, tras la denuncia constitucional presentada en contra de la presidenta Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola por las muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
“Hace casi un año de mi denuncia constitucional por actos de corrupción, se dio un golpe de Estado que tenía como parte de su plan de acción mi detención. Ahora nuevamente, cuando trascendió que presentaría una denuncia constitucional que involucraría al presidente del Consejo de Ministros, buscan mi salida de la institución. Entonces, no solo hay una venganza política sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia, ambas cosas conforman un binomio en mi contra, es la más clara politización de la función fiscal y policial y la venganza contra quienes enfrentamos al poder de turno”, sostuvo la fiscal de la Nación.
Benavides fue citada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que presente sus descargos ante la denuncia del Eficcop, que la acusa de influenciar ilícitamente a través de sus asesores “en decisiones clave del Congreso de la República vinculadas a la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la inhabilitación de la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos y la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, a cambio de archivar investigaciones que involucran a los parlamentarios”.
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Hay que precisar que Benavides formuló una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola y los exministros del Interior César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
Los acusó por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, Sebastián Murillo y otros.
Niega acusación
La fiscal de la Nación, quien llegó acompañada por su abogado, el exministro aprista Jorge del Castillo, negó la acusación de ser líder de una presunta organización criminal, haber cometido tráfico de influencias o recibir prebendas de congresistas.
Es más, confirmó que fue Marita Barreto quien no encontró medios probatorios para seguir investigando a más de veinte congresistas, a quienes acusaban de haber cambiado su voto en contra de la interpelación de un exministro por beneficios dinerarios.
“No existe ninguna organización criminal y no se ha cometido ningún tráfico de influencias. (…) Jamás he propuesto ni he recibido intercambio de prebendas con nadie y menos con congresistas, mi disposición se basó en la respuesta dada por la coordinadora del Eficcop quien señaló que no obraba en su poder declaración de ningún colaborador que haya delatado a congresistas como beneficiarios de dinero o prebendas. Es decir, no existía ningún elemento objetivo que sostuviera la denuncia formulada y correspondía no haber mérito a promover investigación preliminar”, indicó.
Campaña mediática
También señaló que se ha efectuado una campaña mediática en su contra, para lo cual “una fiscal incompetente” decidió investigarla sin respetar su fuero constitucional, y se abrió la indagación contra los que resulten responsables a pesar de que la policía tenía identificado a Jaime Villanueva, se dispuso el secreto de su investigación fuera de los límites legales.
“Se recibió la supuesta prueba electrónica, violando los protocolos del Ministerio Público (MP); no se dio cuenta de la evidente manipulación de pantallazos de WhatsApp; se presentó un requerimiento de detención preliminar aportando como elemento incriminatorio, una disposición de la fiscalía de la Nación basada en un informe de la misma coordinación del Eficcop y publicaciones periodísticas; el juez [Jorge Chávez Tamariz] a sabiendas de tener conflictos de intereses y de saber que no era competente, no se inhibió de conocer la causa”, añadió.
Luego inquirió: “Frente a ello surge la pregunta, ¿quién quiere la fiscalía de la Nación y para qué?, ¿quién está detrás de la conspiración contra el Ministerio Público, la Defensoría y el Congreso de la República?, ¿quién un año después intenta amenazar a la democracia peruana?”.
Enemigos del MP
Señaló que los enemigos del Ministerio Público tienen tres finalidades, entra las cuales está la politización de la actuación del Ministerio Público y que sea usado como instrumento de persecución política, socavando la democracia peruana.
“También encubrir a personajes corruptos que gozan de impunidad y se pasean por calles y plazas, incluso alzan el dedo acusador en contra de mi persona, sumándose a la campaña mediática; encubrir la violación de los derechos humanos, aunque las bancadas de izquierda lo duden, esta es una de las razones de la campaña de destrucción en mi contra, pero me reafirmo en que la vida de cada peruano importa y la muerte de cada peruano debe ser investigada”, detalló.
Odebrecht
Además añadió que los peruanos tienen derecho a saber toda la verdad y no una parte de ella, y en ese orden de ideas, añadió que “es necesario conocer qué sucedió con Odebrecht y su acuerdo con la Fiscalía”.“Se
guiré poniendo por delante la defensa de los derechos humanos, tengo 28 años de servicio en el Ministerio Público y siempre tengo presente el himno institucional que nos recuerda a todos los fiscales del Perú que asumimos con devoción los anhelos ciudadanos de cuidar de la Nación y los derechos humanos. Estoy tranquila con mi conciencia y doy la cara afrontando todo, pues tengo la satisfacción que no he faltado al deber ni a la función fiscal”, sostuvo.
Mea culpa
Benavides hizo un mea culpa por haber confiado en una coordinadora que “sucumbió al apetito del poder”, en referencia a Marita Barreto.
“Hace una semana me dirigí a todos los fiscales y a los coordinadores nacionales y hablé de la lealtad y la traición; pues hoy ante ustedes hago un mea culpa, de haber confiado en una coordinadora que había sucumbido al apetito del poder. Cuando conformé el Eficcop, buscaba el combate a la criminalidad gubernativa, cuya esencia última no radica en la subversión sino en la manipulación interesada de los resortes del propio orden establecido”, indicó.
“Barreto mintió para quedarse en el cargo”
Al respecto, dijo que Barreto estaba enterada de su cambio y por eso pidió quedarse unos días al frente del Eficcop para ordenar su trabajo y debido a que sería condecorada a un año de cumplirse la salida del gobierno de Pedro Castillo, tras dar un fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.
“Al interior del Ministerio Público se sabía que se iba a cambiar a la coordinadora del Eficcap, debido a los cuestionamientos derivados del tratamiento procesal de la información para someter a investigados con el propósitos mediáticos y no jurídicos. La fiscal Barreto sabía que se produciría el cambio y ella solicitó mantenerse hasta el 7 de diciembre diciendo que era para ser galardonada por la detención del expresidente Castillo, pero lo real es que estaba ganando tiempo para presentar un organigrama fabricado, su organización criminal y lograr un seguro mediático para atornillarse en el cargo de coordinadora”, indicó.
JNJ tiene lista destitución
En otro momento, Jorge del Castillo, abogado de la fiscal de la Nación Patricia , denunció que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene lista la propuesta de destitución de la fiscal de la Nación, sin haber escuchado sus descargos. El excongresista mostró el documento a los integrantes de la Comisión de Fiscalización.
“El documento tiene fecha del 29 de noviembre, la denuncia fue presentada el 28, el 29 de noviembre, la doctora (Imelda) Tumialán dice: ‘propuesta de medida cautelar de suspensión preventiva de la fiscal suprema Patricia Benavides por su actuación como fiscal de la Nación’. Este es un documento que está firmado y si ella (Tumialán) es la miembro instructor de la investigación, entrega esta moción, pero la ley obliga a que esto se haga en audiencia pública, sino qué sentido tiene el derecho a defensa, es como decir, ‘yo propongo una cosa sin haber escuchado’, eso se llama adelanto de opinión, eso se llama violar el derecho a la defensa”, sostuvo.
LO MEJOR DE JUDICIAL:
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