Pedro Castillo: fiscal solicitará prisión preventiva contra cuñados del presidente

Por presunto peligro procesal de fuga y perturbación de las actividades probatorias.

Por C. Alfredo Vignolo G. del V.

El fiscal Hans Alberto Aguirre Huatuco, del Equipo Especial de Fiscales contra el Poder, solicitará al Poder Judicial (PJ) imponer prisión preventiva para Yenifer, David y Walter Paredes, cuñados del presidente Castillo, por un presunto peligro procesal de fuga y perturbación de las actividades probatorias, en la investigación por el delito de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en Organización Criminal.

La misma medida se dictaría al alcalde de Anguía, en Chota, José Nenil Medina Guerrero y los empresarios Hugo Yhoni y Anggie Estefani Espino Lucana, principales accionistas de las empresas JJM Espino Ingeniería & Construcción y Destcon Ingenieros & Arquitectos.

El fiscal Aguirre Huatuco tomaría tal decisión, que debe comunicar al Poder Judicial (PJ), este viernes, 19 de agosto, al vencerse los diez días de detención preliminar de la cuñada de Castillo que autorizó el juez de investigación preparatoria, Raul Justiniano Romero, de la Sala Penal Nacional.

Fuentes del Ministerio Público (MP) no descartan que la resolución de ampliación de investigación y solicitud de prisión preventiva también puede alcanzar a la primera dama de la Nación, Lilia Paredes. Aunque, precisaron, no hay una decisión definida aún. “Todo se está evaluando para poder sustentar ante el juez que debe tomar la decisión. Todavía no podemos confirmar ni descartar nada”, señalaron.

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El equipo del fiscal viene evaluando la prisión preventiva de 18 meses que luego se podría ampliar, mientras que otros plantean solicitar el máximo de 36 meses de prisión preventiva que permite la Ley contra el Crimen Organizado.

El Ministerio Público (MP) sospecha que los cuñados del presidente Castillo serían piezas claves en la estructura de la presunta organización criminal que dirigiría el propio Castillo. Cumplirían el papel de cajeros y nexo entre los empresarios y los funcionarios y colaboradores del mandatario, para direccionar las obras públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y gobiernos locales y, a la vez, ocultar el dinero de los presuntos pagos ilícitos.

La desaparición o destrucción de los videos de vigilancia en Palacio de Gobierno sustentaría el peligro para averiguar la verdad que supone que estas personas permanezcan en libertad. En tanto, que el peligro de fuga se podría sustentar en los antecedentes del caso, el hecho que hasta ahora no se capture al sobrino del presidente, Fray Vásquez y al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Una vez que reciba la solicitud del Ministerio Público, el juez Justiniano deberá programar una audiencia pública para escuchar a la fiscalía y los abogados defensores, a fin de tomar una decisión.

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