Pedro Castillo y su nuevo intento por traerse abajo investigación: ahora va por el acta de intervención policial
Busca eludir acusaciones por golpe de Estado.
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El exmandatario Pedro Castillo ha emprendido un nuevo intento por eludir las acusaciones que enfrenta en relación con el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.
Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial que excluya como “medio de prueba” el acta de intervención policial que documenta su detención a manos de agentes policiales responsables de su seguridad.
A través de su equipo legal, presentó una tutela de derechos contra la Fiscalía de la Nación, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la no autoinculpación, la dignidad humana y las disposiciones legales específicas relacionadas con su caso.
En consecuencia, Castillo exige medidas de corrección y protección con respecto a los documentos que “afectan” sus derechos mencionados y busca la exclusión del acta de intervención policial como evidencia en el proceso penal en su contra.
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La tutela de derechos fue presentada ante el despacho del juez Supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien programó una audiencia virtual para el lunes 18 de septiembre a las 11:30 a.m., con el fin de evaluar el recurso, con la participación de Pedro Castillo y todas las partes involucradas, con el propósito de tomar una decisión al respecto.
La Fiscalía de la Nación empleó el acta de intervención policial para obtener una orden de detención preliminar contra el exmandatario y, posteriormente, lograr una medida de prisión preventiva de 18 meses basada en su contenido.
Pedro Castillo y su intento por ir a Embajada de México
Tras ser destituido por el Congreso, Castillo fue detenido por las autoridades policiales bajo cargos de flagrancia delictiva mientras se dirigía a la Embajada de México en Lima, con la intención de buscar asilo y escapar del país después del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Pedro Castillo actualmente se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, mientras enfrenta una investigación preparatoria en el Ministerio Público por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, en detrimento del Estado y la sociedad.
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