Pedro Pablo Kuczynski: Poder Judicial rechaza solicitud de archivo de caso Westfield Capital
Detalles de la resolución.
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El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria desestimó los pedidos de archivo presentados por Pedro Pablo Kuczynski y su chofer, José Bernaola, en el marco del proceso penal por crimen organizado relacionado con el caso Westfield Capital.
La solicitud, respaldada por ambos acusados, buscaba cerrar el caso invocando la Ley 32108, la cual modificó la legislación vigente en materia de crimen organizado y los procedimientos judiciales correspondientes.
El tribunal evaluó los argumentos presentados y decidió que no procedía el archivo del proceso. Esta decisión llega en un contexto donde el Poder Judicial ha intensificado las investigaciones relacionadas con los presuntos delitos de corrupción que involucran al exmandatario y a sus asociados. El caso Westfield Capital forma parte de una serie de pesquisas en torno a las actividades financieras vinculadas al expresidente durante su gestión.
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La investigación comenzó en junio, cuando se incluyó a las empresas Westfield Capital y First Capital dentro del proceso por lavado de activos en relación con el caso Odebrecht. Las acusaciones sostienen que dichas empresas, asociadas con Kuczynski, recibieron pagos sustanciales por servicios de asesoría financiera para proyectos vinculados a Odebrecht, como los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto Trasvase Olmos. Entre 2004 y 2007, Westfield Capital habría recibido US$ 64,637, mientras que First Capital recibió US$ 1’132,287 por estos servicios.
La tesis fiscal apunta a que Pedro Pablo Kuczynski, en su rol como ministro de Economía y Finanzas, facilitó acuerdos corruptos que beneficiaron a Odebrecht en la adjudicación de proyectos de infraestructura. A pesar de estas acusaciones, Kuczynski sigue afrontando la investigación en libertad, tras una modificación reciente en su medida de arresto domiciliario por una comparecencia con restricciones.
Actualmente, el expresidente enfrenta dos mandatos de comparecencia con restricciones y prohibiciones de salida del país, extendidos por 12 y 30 meses respectivamente, relacionados con la Carretera Interoceánica Sur y el financiamiento de su campaña presidencial en 2016.
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