Pena de muerte obliga a salir de Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincidieron expertos en materia legal

Luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunciara que el Gobierno estudiará detenidamente el proyecto de ley que propone implementar la pena de muerte para quienes cometan delitos graves, el debate sobre este asunto ha vuelto a la palestra de la opinión pública.

En medio de una crisis de inseguridad ciudadana que mantiene en zozobra a la población, con numerosos casos de asesinatos, extorsión y sicariato, diversos expertos consideran que este tipo de iniciativas, al menos, ameritan ser expuestas y debatidas en el campo legislativo y político.

Tal es el caso del abogado penalista Luis Lamas Puccio, quien, si bien reconoció que la implementación de esta medida legal es actualmente imposible, debido a que el Perú es signatario del Pacto de San José de derechos humanos –tratado interamericano que lo prohíbe–, considera que el tema podría debatirse en el Parlamento y la sociedad ante la gran cantidad de crímenes y la premeditación y alevosía con que estos se ejecutan.

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“El Estado y la sociedad tienen derecho a implementar mecanismos de autodefensa desde el punto de vista jurídico y legal, pero para ello se requiere tener claras las posibilidades y limitaciones legales, y a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan”, indicó en diálogo con EXPRESO.

En esa línea, Lamas Puccio sostuvo que, de darse un escenario en el que esta iniciativa legal logre un consenso entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo, otros poderes y la sociedad en general, podría iniciarse el proceso correspondiente respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos y denunciar este tema al menos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Es cierto que la pena de muerte no soluciona el problema, pero frente a lo que estamos presenciando todos los días, el Estado debe actuar, no puede quedarse de brazos cruzados. La pena de muerte es una realidad vigente en otros países, como en el caso de Estados Unidos. Es una exigencia de los Estados frente a la delincuencia y el crimen”, dijo al respecto.

Pena de muerte podría ser rechazada

Lamas Puccio también advirtió que, de darse este escenario, la propuesta del Estado peruano podría ser rechazada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que podría llevar al Perú a quedar fuera del Pacto de San José.

Según señaló, esta situación ameritaría un referéndum nacional en el que la población decidiría si salir o no de dicho sistema para implementar en sede nacional la pena de muerte.

“Por lo menos debe plantearse como una primera iniciativa, y si el Sistema Interamericano, a través de la Comisión y de la Corte, está en desacuerdo, eso tendrá que someterse a referéndum, para que sea la población la que, en última instancia, decida”, indicó.

Asimismo, el especialista en materia penal apuntó que todo ese procedimiento podría tardar un par de años.

“Por lo menos estamos hablando de unos dos o tres años”, afirmó. “Habría que ver cuál es la actitud que asumen los poderes del Estado y aquellos que se sientan también perjudicados con una iniciativa de esta naturaleza. Tiene que haber un consenso nacional”, agregó.

Se denunciaría

Por su parte, el abogado y expresidente del Consejo de Ministros Ántero Flores-Aráoz recordó que la pena de muerte ya se encuentra contemplada en la legislación peruana, pero únicamente para casos de traición a la patria.

Según dijo, si se quisiera ampliar esta figura legal a otros delitos graves, sería necesario modificar parcialmente la Constitución Política y denunciar al Pacto de San José de Derechos Humanos en este aspecto, dado que este tratado internacional prohíbe la ampliación de dicha norma en los países que ya la contemplan, como es el caso del Perú.

“La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el Perú suscribió, obliga a que no exista la pena de muerte, y para quienes ya la tienen, prohíbe ampliarla, como ocurre en nuestro país. Por lo tanto, para aplicar la pena de muerte a otros delitos, sería necesario denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos”, manifestó en EXPRESO.

En contra

No obstante, Flores-Aráoz se mostró en contra de que una iniciativa de esta naturaleza sea aprobada en el Perú, ya que contradice lo estipulado en la Carta Magna y el marco legal del país.

“La Constitución y la legislación peruana determinan que las sanciones y condenas tienen dos objetivos: uno, castigar la comisión del delito, y dos, resocializar al reo. Si aplicas la pena de muerte, estás castigando, pero no resocializando. Por lo tanto, se contradiría nuestra legislación actual”, precisó.

Necesitan respaldo

Flores-Aráoz aseguró que, desde su perspectiva, existe un endurecimiento desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) para perseguir a las organizaciones delictivas. Sin embargo, recordó que muchos efectivos policiales y de las fuerzas del orden temen participar en estas actividades, debido a que sus intervenciones son frecuentemente criminalizadas bajo la excusa de los derechos humanos, pese a que sus vidas corren peligro.

En ese sentido, Flores-Aráoz instó al Estado a brindar mayor protección legal a los miembros de la Policía Nacional para que puedan ejercer sus funciones con tranquilidad.

“Los atacan, les tiran piedras, bombardas e incluso fuegos artificiales, y tienen que quedarse callados, solo con una vara que no usan y un escudo. Pero si actúan repeliendo los ataques, inmediatamente los perjudican. Eso tiene que cambiar”, sentenció el exfuncionario.

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