Perú emplaza a la CIDH por lenguaje proterrorista: en plena audiencia desmienten a varias ONG izquierdistas
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Una sorpresiva respuesta recibieron extranjeros que pretenden ordenar al Perú cómo enfrentar sus problemas. En plena audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestros representantes reclamaron contra el uso constante de las palabras “conflicto armado interno” en vez de terrorismo.
Al inicio de la sesión, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros cuestionaron que en su último pedido, tanto la CIDH como la Corte de San José hayan calificado a Sendero Luminoso y al MRTA como “grupos armados”.
Peruanos se defendieron
Primero intervinieron miembros de IDL y Aprodeh, entre otras ONG que empezaron a acusar a la presidenta Dina Boluarte de mandar asesinar peruanos en 2022 y 2023, denuncia que no era parte de la agenda. Luego le tocó el turno a José Luis Sardón, embajador peruano en la Organización de Estados Americanos.
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Expresó el desacuerdo del Estado peruano con el título de la audiencia: “Impunidad de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado de 1980-2000”.
Precisó que no ha habido impunidad, ya que se judicializaron todas las acusaciones de crímenes, incluidas las violaciones de derechos humanos cometidas aisladamente por fuerzas del orden.
“Tampoco hubo tal conflicto armado. En el derecho internacional dicho término adquiere una connotación específica que no aplica aplica a lo sucedido en nuestro país. Hay conflicto armado cuando existe un enfrentamiento entre dos partes que actúan indistintamente como agresores o agredidos. Eso no ocurrió en el Perú”, sostuvo.
Sardón añadió el contexto de cómo nuestros uniformados y ciudadanos constituidos en rondas y comités de autodefensa, pusieron el pecho ante terroristas que asesinaban civiles como parte de su modus operandi.
“Lo que hubo fue una embestida terrorista, frente a la cual la sociedad peruana se defendió a través de su Policía y de sus Fuerzas Armadas, fundamentalmente, y con rondas campesinas en áreas rurales subdiariamente”, acotó el jurista.
El viceministro de Derechos Humanos, Charles Napurí, también rechazó el discurso político de las ONG. “Pretenden tergiversar la estructura interna de una república democrática”, aseguró.
Andrea Pochak se mostró abiertamente en contra de la posición inca, y también introdujo temas que no estaban en agenda. Preguntó a nuestros representantes sobre si el Poder Ejecutivo promulgará la ley que precisa los delitos de lesa humanidad.
La respuesta fue que eso está en evaluación, dentro de las normas respectivas.
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