Poder Judicial admitió a trámite apelación de Castillo

Es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Por Alfredo Vignolo G. del V.

El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite la apelación presentada por el abogado del presidente Castillo, Benji Espinoza, con el que se busca que el mandatario sea excluido de la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de la Nación por el caso específico de Provias Descentralizado-Puente Tarata por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en perjuicio del Estado.

El juez supremo Juan Carlos Chekley Soria adoptó esta medida (en tiempo récord) al determinar que el recurso interpuesto por el defensor de Castillo, cumplió con los requisitos que establece la ley para que sea revisado en segunda instancia.

Ante ello, el propio magistrado Chekley dispuso «conceder» este recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, para que sea evaluado en una audiencia virtual a programar con la participación de las partes involucradas a fin de emitirse una decisión final sobre el tema.

Como se recuerda, Castillo apeló este último jueves la resolución donde el juez supremo Juan Carlos Chekley Soria declaró infundada la tutela de derechos que interpusieron para anular la disposición de la Fiscalía de la Nación donde se ordena su incorporación en la referida investigación preliminar.

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En esta apelación se solicita se revoque la resolución y se declare fundada la tutela de derechos al considerar que el magistrado se equivocó cuando analizó la interpretación del artículo 117 de la Carta Magna, que dice ‘el presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral’.

Esto en referencia a la inmunidad presidencial y que la Fiscalía de la Nación, al investigar a Castillo, viola el procedimiento establecido por la legislación constitucional y afecta la seguridad jurídica haciendo impredecible la actuación de los poderes públicos.

Castillo viene siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en perjuicio del Estado, a raíz de este caso donde también están comprendidos el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva (hoy fugado) y un grupo de congresistas de la bancada de Acción Popular, conocido como «Los Niños».

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Espinoza, aseguró que se está malinterpretando la ley de leyes. Sin embargo, Castillo viene señalado en mítines «descentralizados» que apoyará cualquier tipo de investigaciones, pero tras negarse a declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, ahora insiste en que se anule cualquier tipo de investigación que realiza en su contra desde el Ministerio Público.

Días atrás, se confirmó la decisión judicial en primera instancia que declaró improcedente el recurso de tutela de derechos con el que se busca anular cualquier tipo de investigación que se le sigue a Castillo por el caso Tarata y otros.

El abogado de Castillo señaló que no hay ningún acto de impunidad con una disposición que postergue la investigación hasta que concluya el mandato del jefe de Estado.

Ante la negativa de Castillo de responder a la Comisión de Fiscalización, se presume que este habría infringido un artículo de la Constitución, lo que puede originar una acusación constitucional.

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