Poder Judicial cita a Inés Tello y Aldo Vásquez por abuso contra Patricia Benavides
Miembros de Junta de Justicia habrían adelantado opinión en IDL y RPP. Deberán presentarse el 26 de octubre.
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“Señálese para el día 26 de octubre a las diez de la mañana a efectos de llevarse a cabo la diligencia de audiencia única virtual”, ordenó la jueza Jaqueline Tarrillo. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia deberán responder ante la demanda de amparo presentada por la fiscal Patricia Benavides.
Los primeros emplazados son Inés Tello Ñecco y Aldo Vásquez. Se pide que se anulen sus acciones realizadas y se aparten en las investigaciones a la titular del Ministerio Público, porque no serían imparciales al haber adelantado opinión, y evidenciar conflicto de intereses.
Derecho a imparcialidad
Tello ya viene siendo cuestionada porque sigue en su cargo a los 78 años de edad, cuando la Ley Orgánica de la JNJ precisa que debía dejarlo al cumplir 75. A esto se suma que su hijo Paolo era viceministro de Transportes de un investigado por Benavides, el premier Alberto Otárola (denunciado por muertes en protestas).
Otro hecho que compromete a la instructora es que el 23 de agosto IDL Reporteros publicó detalles de su informe, el cual recomendaba abrir investigación a la fiscal de la Nación, por presunta falta grave cometida.
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Sin embargo, ese mismo día se emitía la Resolución 7, en la cual se lee que estaba pendiente la declaración de la testigo Silvia Karina Ávila Lam. Como el mismo documento de la JNJ informa, se debía a un error en la notificación.
“Este irregularidad demuestra dos hechos: el primero, que la Investigación Preliminar sigue en curso; y, lo segundo, se está transgrediendo el deber de reserva de la Investigación Preliminar”, indica la demanda.
En la víspera, la Junta señalaba que el portal de Gustavo Gorriti había publicado información inexacta al respecto. A pesar de este pronunciamiento, la ONG publicó que se ratificaba en lo difundido, lo cual comprometería a Tello.
“Este hecho puede acarrear imposición de la medida cautelar de suspensión preventiva, esto es, el apartamiento de las labores”, se advierte sobre una vulneración del derecho al trabajo.
Dos días antes de que IDL publique información filtrada, Vásquez había dado una entrevista a RPP, donde había comparado el caso de Benavides con los de Walter Ríos, Antenor Jorge y Francisco Boza.
“Realizó un claro agravio comparativo, equiparando en su argumentación lo sucedido en el 2018 con lo realizado desde junio de 2022”, se argumenta.
Protección constitucional
“La presente Demanda de Acción de Amparo Constitucional se interpone frente a la manifiesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, en sus manifestaciones de imparcialidad y derecho al juez natural, a la integridad psíquica, al honor y a la buena reputación y al trabajo”, se enfatiza.
Por César Rojas
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