Poder Judicial evaluará incorporar a la Procuraduría como parte agraviada en investigación contra Susana Villarán
Procuraduría pidió que exalcaldesa de Lima pague una reparación 267 millones de dólares y 7 millones de soles.
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El lunes 10 de junio el Poder Judicial evaluará incorporar a la Procuraduría como “actor civil” o “parte agraviada” para los casos Odebrecht y Lava Jato, en las investigaciones a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
El pedido lo formuló la Procuraduría Ad Hoc como parte de la investigación preparatoria contra la exburgomaestre, por el presunto delito de colusión agravada y, alternativamente, por negociación incompatible por el caso Vías Nuevas de Lima.
Entre los investigados se encuentran 7 personas de la gestión municipal de Susana Villarán, y otras 10 que participaron en el período del fallecido exalcalde Luis Castañeda Lossio, y que son investigadas por presunta colusión agravada, negociación incompatible y asociación ilícita.
Poder Judicial evaluará pedido de la Procuraduría y millonaria reparación civil
La audiencia virtual se iniciará a las 9 de la mañana y será el juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, quien evaluará el pedido de la Procuraduría, que consignó que la exalcaldesa de Lima pague una reparación civil equivalente a 267 millones de dólares y 7 millones de soles a favor del Estado peruano.
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Si el magistrado declara fundada esta solicitud, la Procuraduría Ad Hoc podrá solicitar y recibir el pago de la millonaria reparación civil que se le impondría a Villarán y demás investigados, si las autoridades judiciales comprueban su culpabilidad de los cargos que se les atribuye.
A Susana Villarán se le investiga por las supuestas licitaciones fraudulentas con la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del caso de megacorrupción en el Perú, que involucra a expresidentes y una larga lista de exfuncionarios de la administración pública.
La fiscal María Milagros Salazar Paiva, integrante del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, investiga a la exalcaldesa por el presunto delito de colusión agravada y alternativamente por negociación incompatible en agravio del Estado.
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