Poder Judicial rechaza demanda de amparo de Dina Boluarte por muertes en protestas
Presidenta buscaba anular denuncia constitucional y, sin embargo, todo sigue en pie.

Poder Judicial rechaza demanda de amparo de Dina Boluarte por muertes en protestas.
El Poder Judicial rechazó en segunda instancia la demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte Zegarra, quien buscaba anular la denuncia constitucional en su contra por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.
Esta decisión representa otro revés para la mandataria, quien enfrenta diversas acusaciones desde su ascenso al poder tras el golpe de Estado y la vacancia de Pedro Castillo.
El 7 de junio del año pasado, Boluarte declaró ante la Fiscalía sobre este caso. Los fiscales centraron sus preguntas en determinar si la presidenta había ordenado el uso de armas contra los manifestantes, resultando en decenas de fallecidos.
Boluarte negó rotundamente dichas acusaciones y señaló que el Consejo de Ministros aprobó los planes operativos ejecutados por las fuerzas del orden para repeler a los manifestantes y pacificar el país.
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Durante su declaración, la presidenta se deslindó de cualquier responsabilidad por las más de 60 muertes ocurridas tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Las mismas fuentes indicaron que, después de la intervención de la fiscal Patricia Benavides, el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), Omar Rojas, esperaba formular sus preguntas, pero la defensa de la presidenta se opuso.
Cinco meses después, el 27 de noviembre de 2023, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, envió al Congreso la denuncia constitucional contra Boluarte.
Este nuevo rechazo judicial se produce casi dos meses después de otro fallo adverso en el caso Rolex, en el que se determinó que Boluarte seguirá siendo investigada.
El 26 de mayo pasado, el juez Juan Carlos Checkley declaró que los argumentos de la defensa de la mandataria carecían de sustento fáctico y jurídico, concluyendo que no hubo vulneración de derechos durante la investigación preliminar.
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