Procurador Daniel Soria se benefició ilícitamente: cometió irregularidad desde 2020

Informe disciplinario detecta que funcionario puesto por Vizcarra cobró alto sueldo sin cumplir requisito.


Luego de dos informes de Contraloría de la República, finalmente el Ministerio de Justicia aceptó que Daniel Soria cobró en forma ilegal sueldo como procurador general del Estado. Un informe de la comisión de disciplina señala que esta irregularidad merece que se aplique la destitución.

“Se ha comprobado los hechos imputados”, “por la gravedad de la falta cometida”, “la situación infractora se inicia el 3 de febrero de 2020” y “solo cesará cuando se extinga el vínculo del servidor con la entidad”, indica el documento firmado por el funcionario Luigino Pilotto.

Soria sin experiencia

El Informe N.° 001-2023-JUS/CAHOIPAD fue entregado hace unos días al ministro de Justicia, Eduardo Arana. Como se sabe, en 2020 Martín Vizcarra designó a Soria, a pesar de que no tenía experiencia en defensa jurídica del Estado.

“Existe un beneficio ilícitamente obtenido porque el señor Daniel Soria viene obteniendo todos los beneficios del cargo que no le corresponde”, agrega el documento.

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La comisión agregó que “existen indicios suficientes que acreditan que el servidor procesado ha vulnerado los principios de probidad, idoneidad y veracidad, regulados en (…) la Ley del Código de Ética”.

“Habiéndose realizado el análisis de la falta y habido quedado acreditado el mismo, corresponde proponer una sanción conforme lo señala el literal b del artículo 88 de la Ley del Servicio Civil”, se agrega en el informe.

Esta situación fue denunciada desde el inicio en EXPRESO. El abogado especialista en Gestión Pública, Alejandro Ríos, había precisado que Soria pretendía validar su labor como funcionario en la Defensoría del Pueblo, lo cual no aplicaba en este caso.

Este argumento quedó refutado por la Contraloría y también por la misma DdP, la cual envió el año pasado un oficio al respecto. Ahora el Minjus ha terminado dando la razón a la denuncia. Esto implicaría no solo destitución, sino la devolución de lo cobrado.

DOCUMENTO
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