Procurador Daniel Soria formula demanda improcedente

A pesar de que el artículo 7 del Código Procesal Constitucional señala que no serán procedentes las acciones de amparo de una entidad del Estado contra otra, el procurador general, Daniel Soria, acudió al Poder Judicial para demandar al Congreso de la República.

Esto sucede porque el funcionario pretende que no se aplique la Ley 31778, la cual permite al Parlamento y al Poder Judicial nombrar a sus propios abogados.

“No proceden los procesos constitucionales (…) si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado o de entidades de la administración pública entre sí”, señala el CPC.

Maurate: al tc

Al parecer, el ministro de Justicia (sector del cual depende la Procuraduría General) Daniel Maurate ya conocía de este impedimento ignorado por Soria.

“Ese tema de la autonomía me parece muy bien que lo vea el Tribunal Constitucional y este dirá respecto a la autonomía y si también corresponde o no a un órgano del Ejecutivo imponer un procurador a órganos que tienen autonomía constitucional como el Congreso y el Poder Judicial”, sostuvo.

Alquiler millonario

En el 2020, el entonces presidente Martín Vizcarra cambió el marco legal para la defensa jurídica del Estado. Hasta ese momento, toda institución pública (incluidos organismos autónomos, gobiernos regionales y municipalidades) designaban a sus abogados.

Pero el “Lagarto” no se quedó allí. Quitó a los procuradores anticorrupción la facultad de denunciar a funcionarios con antejuicio, como ministros, congresistas y vocales supremos. Cuando nombró a Soria en la PGE, nadie más podía accionar a nombre de los intereses del Estado contra estos personajes.

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En caso de que la jueza Malbina Saldaña, del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, declare improcedente la demanda de amparo, el procurador general podría acudir al TC, como sugirió Maurate.

Soria viene siendo investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima. Su mismo funcionario, Javier Pacheco, lo había denunciado por indicios de malos manejos con 3.5 millones de soles para alquilar un local.

Esto se basa en un informe de Contraloría del 13 de diciembre pasado, respecto al alquiler de seis pisos en un edificio de la calle Germán Schreiber 215-219, San Isidro.

La beneficiada había sido la Administradora Prime S.A., la cual se adjudicó el monto sin un estudio técnico adecuado (nunca se calculó que muchos funcionarios estaban en la modalidad de teletrabajo, en plena segunda ola de la covid-19).

“No cumplió con instalar 25 luminarias”, “se dio conformidad antes de que ingresen 167 tomacorrientes”, “resultando físicamente imposible que a la fecha de la conformidad, dichas instalaciones eléctricas hubieran estado culminadas”, dice la Contraloría.

Por César Rojas 

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