Procuraduría pide que Vizcarra, Alva y Zamora sean investigados por colusión en compra de pruebas rápidas
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Antes de su renuncia, el exprocurador anticorrupción Amado Enco solicitó al fiscal Reynaldo Abia,  de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que eleve su informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a fin de investigue al presidente Martín Vizcarra, la ministra María Antonieta Alva y a los exministros Víctor Zamora y Elizabeth Hinostroza por presunta colusión con laboratorios en la compra de pruebas rápidas (serológicas).

Enco consideró, además, que Abia debía incluir en este caso a César Cabezas, Omar Trujillo, Manuel Loayza, Lely Solari, María Luz Miraval, Ronnie Gavilán Fanny Cárdenas, Ana Jorge y Oscar Escalante. Todos ellos funcionarios del Minsa o del Instituto Nacional de Salud (INS).

Asimismo, le pide al fiscal Reynaldo Abia que se considere como empresas investigadas a Deltalab Perú; Diagnostica Peruana; Multimedical Supplies y Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú.

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De acuerdo con el exprocurador, existen «indicios sobe presunta concertación defraudatoria entre los funcionarios involucrados y los contratistas que resultaron ganadores en las contrataciones para la adquisición de pruebas serológicas».

Amado Enco también llama la atención por el cambio repentino de la estrategia adoptada por altos funcionarios del Gobierno peruano para adquirir pruebas serológicas en reemplazo de las pruebas moleculares recomendadas por la OMS y OPS.

El exabogado del Estado recuerda que esta variación en la estrategia ocurrió en una reunión, ocurrida el pasado 18 de marzo, en la sede del Ministerio de Economía, en la que habrían participado Vizcarra, Alva e Hinostroza, además de proveedores y laboratorios. Al día siguiente del encuentro, el Ejecutivo emitió un Decreto de Urgencia para viabilizar la compra de pruebas rápidas.

«Este cambio en la estrategia para manejar la pandemia coincide con una la reunión realizada el 18 de marzo del 2020 en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, donde habría participado el Presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra Cornejo; la Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi; la Ministra de Salud, María Elizabeth Hinostroza Pereyra y otros altos funcionarios; y de otro lado, representantes de laboratorios privados interesados en contratar con el Estado para la venta de pruebas serológicas y moleculares», sostiene Amado Enco.

Sobre el exministro Zamora, Enco afirma que este consideró equivalente -y no complementaria- a la prueba rápida de la molecular.

Por lo anterior, Enco señala que el Estado peruano habría gastado aproximadamente S/105,319,000.00, en «productos médicos que además de no contar con certificación sanitaria de origen, no servirían para diagnosticar el COVID-19».

Y agrega que el daño no es solo económico, pues la decisión de virar la estrategia para enfrentar la pandemia de pruebas moleculares a pruebas serológicas habría ocasionado que el Perú se convierta en el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo.

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El informe de Amado Enco refuta los argumentos del Gobierno respecto de que no existían proveedores para adquirir más pruebas, ya que cita el reportaje de Panorama en donde se da cuenta de que la empresa surcoreana Osang Healthcare ofrecía pruebas moleculares a un precio accesible.

«La capacidad de producción era de 5 millones de pruebas moleculares a la semana pudiendo suministrar grandes cantidades de pedidos a todo el mundo. Con todo ello, el Gobierno peruano optó por comprar solamente 350,000 pruebas a otra empresa, a un precio superior, de $60 dólares la unidad», menciona el ahora exprocurador.

Vale anotar que el fiscal Reynaldo Abia ya ha recogido el testimonio de María Antonieta Alva por este caso y se halla la espera de una respuesta de Martín Vizcarra, para que fije lugar, hora, fecha y modalidad para recoger su declaración.

DATO

De acuerdo con el Código Penal, el servidor público que incurra en delito de colusión puede ser reprimidos con una pena privativa de libertad no menos de tres ni mayor de seis años.

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