Raúl Canelo, decano del CAL, advierte: Eliminar la detención preliminar en no flagrancia es inconstitucional y riesgoso

El letrado advirtió sobre las graves consecuencias de esta medida. ¿Qué más dijo?

Diario expreso - Raúl Canelo, decano del CAL, advierte: Eliminar la detención preliminar en no flagrancia es inconstitucional y riesgoso

Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), se pronunció enérgicamente contra la reciente modificación legal que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Según Canelo, esta nueva legislación resulta “antitécnica” e “inconstitucional”, y asegura que su implementación solo servirá para ocasionar un caos legislativo.
En sus declaraciones, Canelo destacó los peligros que implica esta reforma para el sistema judicial, en particular para los jueces y fiscales, quienes podrían enfrentar sanciones penales de hasta 12 años de prisión si no cumplen con las exigencias de la ley.

“Esta ley no hace más que penalizar la labor de jueces y fiscales”, expresó el decano, quien considera que la modificación de la ley afecta directamente la independencia de los operadores judiciales.

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¿Qué consecuencias trae esta medida?

Canelo recordó que, según la nueva normativa, si la Policía determina que una persona está en flagrancia, debe ponerla a disposición de la Fiscalía, que a su vez debe solicitar la detención y, obligatoriamente, el juez debe ordenar dicha detención.

En este contexto, Raúl Canelo subraya que esta cadena de acciones podría estar basada en errores, ya que la Policía podría equivocarse al determinar la flagrancia. Sin embargo, según la ley, si el juez no ordena la detención, podría ser sancionado con penas de entre 8 y 12 años de prisión.

Según la reforma, la falta grave de un fiscal o juez por no ordenar la detención puede ser considerada un delito con una pena severa.

“Ser juez ahora es una tarea peligrosa”, advirtió Raúl Canelo, señalando que, si el policía comete un error al calificar una detención en flagrancia, el juez que ordene la libertad podría enfrentarse a una pena de hasta 12 años, mientras que el presunto delincuente quedaría en libertad.

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