Salud pública se impone a libertades individuales
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Ante la desobediencia de miles de peruanos a las normas de emergencia sanitaria, así como algunos excesos aislados de policías y militares, el fiscal Alonso Peña Cabrera precisó que las normas actuales ponen por delante el bien común, antes que las libertades individuales.

“No se podrá de frente tirar a matar, o disparar contra los órganos vitales de un ciudadano, ante el mínimo arrebato de un bien de escaso valor sin violencia o ante una protesta pública; una vez que el presunto autor de un delito o ante ciudadanos que no acatan en rigor los dispositivos legales“, manifestó.

Explicó que, cuando se dan casos como el del capitán Christian Cueva -quien cacheteó a un adolescente que había infringido el toque de queda- se ingresa al campo de lo ilícito.

“El Estado no se puede rebajar al mismo nivel que el probable delincuente, con ello pierde ética y legitimidad frente al colectivo. En el Fundamento 52 del AP N° 05-2019/CJ-116, la Corte Suprema, dice al respecto que la eximente de obrar en cumplimiento de un deber no comprende los tratos inhumanos o degradantes, prohibidos en la Constitución Política e internacionalmente, pues suponen un atentado grave contra la dignidad de la persona”.

En ciertos casos, donde habrá individuos que no respetan la orden de la autoridad, al momento de ser intervenidos, los custodios del orden harán uso de la fuerza pública y así los reducen para ser conducidos a las jefaturas policiales correspondientes.

“Por encima de nuestras libertades fundamentales, está la Salud Pública y si una persona no cumple con ellas puede estar incurso en una figura delictiva, dependiendo las características y particularidades del caso, violencia contra autoridad o contra funcionario público, en casos como vimos el día viernes en la ciudad de Puno, un asesinato contra un soldado del Ejército Peruano”, acotó Peña Cabrera, en el sentido de que esto debe enfrentarse con criterio y disposiciones adecuadas.

INFRACTOR Y VÍCTIMA

“Un ciudadano que desacata las medidas del Gobierno Nacional, en ciertos casos, puede estar incurso en la comisión un delito. Igual, cualquiera puede ser objeto de una abuso y arbitrariedad estatal”, advirtió el miembro del Ministerio Público.

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