Solicitan a la Junta Nacional de Justicia destituir al jefe de la ONPE, Piero Corvetto
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El ciudadano Luis Mendoza Willis, integrante del colectivo Legión Patriotas del Perú, formalizó una solicitud de destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por presuntamente haber cometido falta grave.

Según la misiva, la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la ONPE, dependiente de la Secretaría General, aprobó entregar el formato para la recolección de firmas de adherentes, conocido como ‘kit electoral’, para el referéndum sobre el cambio de Constitución.

Esto en el marco de la iniciativa de Perú Libre para conseguir el respaldo popular a fin de impulsar la reforma total de la Carta Magna de 1993, a cargo de una Asamblea Constituyente.

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Para el denunciante, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ONPE establece los requisitos para la expedición del formato, sin embargo, elude que se trata de una iniciativa de reforma constitucional, un proceso que le compete al Poder Legislativo.

“Es la ONPE la competente para organizar y ejecutar los procesos de referéndum, sin embargo, este no es un cheque en blanco, no. Su actuar siempre tiene como límite competencial la Constitución, la misma que prevalece sobre toda norma legal”, indica en la carta.

Agrega que, conforme al artículo 206° de la Constitución, la reforma constitucional que se someta a referéndum debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros.

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“Este requisito de procedibilidad ha sido reiterado en la jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional en las sentencias del Expediente N.° 014-2002-AI/TC9”, fundamenta.

Para el activista, la reforma de la Constitución ya fue un tema tratado por el TC y en su jurisprudencia ‘ha marcado pautas’. “Toda reforma es previamente aprobada por el Congreso, la ONPE está constitucional y legalmente prohibida de convocar al referéndum”, resalta.

Por ello, Luis Mendoza Willis considera que, ante la grave falta en la que habría incurrido el jefe de ONPE al omitir el control de constitucionalidad de sus actos administrativos, este debería ser sancionando con la destitución. «Se incurrió en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo», finaliza.

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