Susana Villarán: de esta manera Poder Judicial continúa protegiendo a exalcaldesa de Lima
Pese a pruebas en su contra durante su gestión, la exburgomaestre se mantiene impune.
Susana Villarán: de esta manera Poder Judicial continúa protegiendo a exalcaldesa de Lima.
El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, con el fin de revocar el apercibimiento impuesto en su contra tras incumplir con el control biométrico presencial en noviembre de 2023.
La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien determinó que la solicitud emitida por la defensa legal de Villarán cumple con todas las formalidades requeridas por el Código Procesal Penal.
Cabe resaltar que, en el petitorio expuesto, se argumentó que la resolución declarada por Chávez Tamariz el 14 de marzo de 2024, no respetó el debido proceso y vulnera el principio de seguridad jurídica al resolver de manera contradictoria la misma circunstancia.
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Luego de que el magistrado accediera a la medida expuesta por el fiscal Erick Quiroz Morillo para imponer un apercibimiento judicial contra la ex autoridad edil. Ello, debido al supuesto incumplimiento de una regla de conducta específica: Villarán debía pasar por el control biométrico los días 13 de cada mes.
Por su parte, Susana Villarán defendió su cumplimiento de las medidas de comparecencia, alegando que no siempre puede cumplir exactamente con las fechas programadas para el control biométrico. Asimismo, explicó que en ocasiones debe ajustar su asistencia debido a medidas similares impuestas por otros casos en su contra.
En consecuencia, el 13 de mayo del año 2024, el letrado concedió este recurso de apelación y remitió el caso a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que, desde su posición, si es admitido a trámite, tendrá que convocar a una audiencia virtual para evaluar los argumentos de las partes involucradas.
Es importante mencionar que este recurso forma parte de las restricciones impuestas como parte de su comparecencia obligatoria desde el 21 de mayo de 2021, en el contexto del caso Lava Jato.
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