Susana Villarán: Poder Judicial programa audiencia contra exalcaldesa | ¿Qué cargos afronta la exfuncionaria?

Acusada no había concurrido a su control biométrico del mes de noviembre de 2023.

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El Poder Judicial, a través del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decidió programar para el próximo jueves 14 de marzo, la audiencia virtual de apercibimiento formulado por el Ministerio Público contra la exalcadesa de Lima, Susana Villarán.
La decisión se cumple bajo el requerimiento formulado por el representante de la Fiscalía, solicitando apercibimiento judicial contra la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente, por no haber cumplido con el control virtual penal de procesados y sentenciados libres, remarcando que la inculpada no asistió a la cita de control biométrico del mes de noviembre de 2023.

El documento del PJ dispone textualmente: "(...) Se resuelve: 1) Señalar fecha para la Audiencia Virtual de Apercibimiento Judicial para el día Jueves 14 de marzo de 2024 a horas 3:00 de la tarde, la misma que se realizará mediante Plataforma -Google Hangouts Meet- desde el lugar donde se encuentren los sujetos procesales; a través del siguiente ENLACE: medio por el cual se conectaran los sujetos procesales a la audiencia virtual"

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional añade, además, que las partes notificadas deberán comparecer en la audiencia virtual por espacio de quince minutos antes de la hora señalada.

Como es público, la Fiscalía, solicitó 29 años de prisión efectiva contra Susana Villarán, en su condición de alcaldesa de Lima Metropolitana, por presuntamente favorecer en contratos de concesión de los Peajes de Lima a las empresas  Odebrecht y OAS a cambio de recibir más de 10 millones de dólares, en aportes para su campaña política del 'No a la Revocatoria'.

Según la carpeta fiscal acusatoria Susana Villarán concertó con directivos de OAS y LAMSAC para suscribir un pernicioso contrato con una adenda de extensión para la concesión del proyecto vial Línea Amarilla en el año 2012. Además, de haber recibido presuntas coimas de parte de Odebrecht, O.A.S y Graña Montero.

Respecto a la situación actual de la procesada, su abogada Merly Edquen Olivera, indicó que su patrocinada tiene como reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial la prohibición de declarar a los medios de comunicación sobre los casos penales que enfrenta, lo que incluye el tema de los peajes en el norte de Lima.

Tras conocerse las imágenes de la procesada bañándose en una piscina en una lujosa residencia el Lurín, Edquéen Olivera denunció que las imágenes de su patrocinada, difundidas en medios de comunicación televisiva, fueron obtenidas sin su consentimiento, por lo que consideró que se trataba de delito de violación de la privacidad.

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