TC declaró inconstitucional ley que autoriza retiro de aportes de ONP
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El Tribunal Constitucional declaró este jueves por unanimidad inconstitucional la Ley N° 31083 que autoriza el retiro de fondos de los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La norma en cuestión, promulgada en diciembre de 2020 por el Parlamento tras aprobarla por insistencia, permitía el retiro de hasta una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de los fondos ONP; es decir, hasta 4,400 soles, divididos en dos partes.

Previamente, el magistrado Carlos Ramos había adelantado que hoy se iba a votar la demanda. “Sí cabe la posibilidad que hoy se vote, salvo que alguno de los colegas alegue que no ha estudiado aún totalmente el caso. Nosotros somos 7, uno de ellos, Augusto Ferrero, se encuentra de vacaciones, pero él va a votar mañana, de tal manera que hoy votamos los 6, salvo que haya algún reparo de carácter formal. Yo tengo la impresión de que se va a votar hoy”, declaró esta mañana.

En la víspera, el TC dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la ley que autoriza el retiro de aportes a la ONP.

En la audiencia, los magistrados escucharon los informes orales en esta causa de los abogados, Luis Huerta Guerrero en representación del Poder Ejecutivo, y Guillermo Llanos Cisneros y José Palomino Manchego por el Congreso de la República. Además, informó en calidad de amicus curiae, el abogado Cesar Abanto Revilla.

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El procurador Huerta Guerrero pidió que se declare la inconstitucionalidad de la norma aprobada por insistencia en el Legislativo al considerar que vulnera la Constitución y dispone una devolución “irrazonable y técnicamente inviable”.

Una devolución, según argumentó, es incompatible con un sistema de pensiones que tienen el carácter de intangible y que destina la totalidad de los recursos recaudados al pago mensual de pensiones, en función de un principio solidario.

Agregó que el Sistema Nacional de Pensiones carece de sostenibilidad financiera, por lo que cumplir con la norma significaría un desembolso de 15 mil millones de soles del tesoro público, que no se encuentran contemplados el presupuesto público.

Huerta, asimismo, sostuvo que la ley vulnera los principios constitucionales que no le dan al Congreso iniciativa de gasto, que dispone el equilibrio en el presupuesto y la separación de poderes, dado que es una competencia del Ejecutivo dirigir la política económica y la hacienda pública.

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Por su parte, el abogado Llanos Cisneros precisó que la ley aprobada en el Congreso cumplió con los procedimientos formales establecidos para su aprobación.

Indicó que una devolución no afectaría los recursos públicos porque los aportes pensionarios pertenecen a los aportantes y no al Estado y, por lo tanto, no formarían parte de los recursos públicos y no puede señalarse que vulnera las competencias del Ejecutivo de dirigir la política económica.

 

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