Tribunal Constitucional anula de nuevo prisión preventiva en caso Hospitales de Áncash
Por segunda vez corrigen órdenes judiciales que se basaban en falsos peritajes. Magistrado Ochoa Cardich solicita investigar a jueces por desacato.
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Por unanimidad, y por segunda vez, el Tribunal Constitucional anuló la orden de prisión preventiva contra la empresaria Ninel Romero, debido a que jueces superiores habían dado por ciertos falsos peritajes del Ministerio Público. De este modo, se evidencian irregularidades en la investigación al exgobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo.
“Declarar fundado el recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la sentencia emitida en el Expediente 01509-2021-PHC/TC. En consecuencia, NULA la Resolución 49, de fecha 19 de mayo de 2022, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que confirmó el mandato de prisión preventiva”, señala el Tribunal Constitucional.
Pero eso no es todo. El magistrado César Ochoa considera que los jueces que se negaron a cumplir con la resolución inicial, Rolando Aparicio Alvarado, Yamile Torres Quispe y María Velezmoro Arbaiz, sean investigados.
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“Soy del parecer que la resolución emitida por nuestro colegiado, habida cuenta de la gravedad de los hechos producidos, debe ser puesta en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia”, precisa el integrante del Tribunal Constitucional.
Caso que evalúa Tribunal Constitucional
Este caso empezó con denuncias de presuntas irregularidades en la gestión de Morillo durante el estado de emergencia por el Covid-19. El fiscal superior Jorge Temple Temple había usado un informe de la perito del Ministerio Público, Amalia Ángeles Cervantes, para imputar el delito de corrupción a Morillo y Romero.
Ángeles había señalado 175, 023.33 soles de exceso en el proyecto para un hospital regional. Esto significaba un 29 % de aumento del precio original.
Sin embargo, luego la misma perito informó que el cálculo no lo había hecho sobre los documentos del proceso, sino sobre un estimado. El fiscal Renato Arapa Díaz la ha acusado por falsedad genérica.
Por César Rojas
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