Universidad Alas Peruanas denuncia penalmente al fiscal Wilson Salazar por incautación ilegal

Una aparente negligencia del fiscal Wilson Salazar podría anular todo lo conseguido en la incautación del martes a 189 bienes de la Universidad Alas Peruanas y del investigado Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca. La autorización judicial para realizar el operativo ya había vencido el 5 de abril.

Así se comprueba al leer la Resolución 7 del juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga. El 23 de marzo había dado catorce días hábiles para proceder a la incautación.

“Abuso de autoridad”

“El fiscal Salazar ha actuado claramente fuera de la ley. Esto no es solo irregular, sino ilegal. Aquí ha habido abuso de autoridad y usurpación agravada”, sostuvo Wilber Medina, abogado de la UAP.

“Prevaricato, fraude procesal y abuso de autoridad, pues interpuso medidas que restringen y vulneran nuestros derechos, sin que existan fundamentos legales para hacerlo. Lo hizo el año 2021 con una inhibición ilegal y hoy lo vuelve a hacer con una incautación igual de abusiva”, comunicó la universidad.

Sin saber de esta controversia, el ministro del Interior, Vicente Romero; el de Justicia, José Tello; y el fiscal Salazar daban una conferencia de prensa vanagloriándose de su supuesto logro.

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“Más de mil millones de dólares se van a incautar en un promedio de 295 bienes. Edificios, vehículos, aeronaves, simuladores, inmuebles, en fin. Después del caso Orellana, este caso en el tema de lavado de activos es el más grande en el Perú”, aseguraba Romero.

Otro hecho llamativo es que, en la víspera, las autoridades académicas habían advertido a docentes, trabajadores y alumnos, que no atenderían, ni siquiera en forma remota.

“Nuestras sedes y filiales a nivel nacional permanecerán cerradas este martes 11 de abril de 2023, debido al mantenimiento de nuestros sistemas informáticos”, se comunicaba el lunes.

Cantidad versus calidad

Según la tesis fiscal, desde que Fidel Ramírez era rector, se han desviado fondos por más de S/ 700 millones. Por ello, se incautaron 171 bienes inmuebles y 111 autos y aeronaves de la UAP, de Ramírez y de trece de sus familiares, así como a nombre de empresas vinculadas con una presunta organización criminal.

Al excongresista de Fuerza Popular se le imputa “conversión del dinero maculado mediante aportes al capital social de las 22 personas jurídicas que constituían”, entre otros.

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